El director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, y el fiscal nacional, Jorge Abbott, se vieron las caras en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, instancia que analiza el proyecto que pretende quitarle atribuciones al SII en la exclusividad de la acción penal y abrirle espacios al Ministerio Público en casos de delitos tributarios.
Durante su exposición, el fiscal nacional reiteró que esta iniciativa satisface el requerimiento del Ministerio Público y que esta inspirada en el espíritu de evitar una "máquina de moler carne de gente pobre" e impulsar la igualdad ante la ley.
"Aquí hay un reclamo ciudadano de igualdad ante la ley y no es posible que existan sectores privilegiados", sostuvo Abbott.
A su vez, el director del SII sostuvo que esta moción pone en riesgo la recaudación fiscal y que las querellas actualmente vigentes y sin sentencia, en un 73,2 por ciento de los casos ni siquiera tiene formalizados, lo que ha significado un perjuicio por más de 62 mil 600 millones de pesos que no se han podido recuperar.
"Existen del orden de 272 querellas que el Servicio de Impuestos Internos ha presentado desde el año 2008 hasta la fecha. Existen querellas vigentes hoy día, sin sentencia, donde sólo en el 26 por ciento de esas querellas sin sentencia ha habido formalizaciones", sentenció.
El director del organismo recuadador precisó también que "este 73,2 de las querellas que no han sido formalizadas representan un perjuicio fiscal de 62 mil 656 millones de pesos que el país no ha podido recuperar".
Barraza añadió que de los condenados, sólo han tenido pena de cárcel un 9,4 por ciento.
Por su parte, el diputado Nicolás Monckeberg (RN) manifestó que "si realmente existe ánimo de ampliar las facultades del Ministerio Público, hagamos las cosas bien y no juguemos a los disfraces, y que el Gobierno lo diga y que presente el proyecto o patrocine este, para que no estemos perdiendo el tiempo tramitando un proyecto que después pueda rebotar en el Tribunal Constitucional".
La sesión debió ser interrumpida por la interpelación a la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, por lo que el debate de este proyecto se retomará el próximo martes, cuando tiene que ser votado para luego pasar a la Sala.