Se espera que la iniciativa sea votada mañana por los diputados.
Los parlamentarios debaten los cambios incorporados por el Senado a la norma.
Este jueves continuará la discusión del proyecto que tipifica el delito de alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y agrava las penas aplicables. Aun quedan 39 diputados inscritos para intervenir.
— CámaraDiputadosChile (@CamaraDiputados) January 15, 2020
La Cámara de Diputados volvió a discutir este miércoles el proyecto que aumenta las sanciones de los delitos de saqueos y tipifica como delito la interrupción del tránsito mediante barricadas u violencia, tras los cambios incorporados en el Senado.
En su tercer trámite legislativo, luego de ser despachada por la Cámara Alta, se esperaba que la iniciativa fuera votada y despachada durante esta misma jornada, pero aquello no fue posible debido a la gran cantidad de inscritos para intervenir.
Quedaron más de 30 intervenciones pendientes y, finalmente, el debate seguirá este jueves, donde se espera que se realice la votación en la Sala de la Cámara Baja.
Votación del proyecto "anti saqueos" quedó para este jueves en la Cámara de Diputados. Quedaron 36 intervenciones pendientes cuando se cumplió el horario de "la orden del día".@Cooperativa
— Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) January 15, 2020
En el debate, el diputado DC Matías Walker confirmó su voto a favor del proyecto, incluido los cambios -a su juicio- menores que hizo el Senado.
"Una mujer, madre de familia, se ha obligado a bajarse de un auto para bailar cuando está con sus niños, con sus guaguas, dentro del auto. ¿Eso no tiene que tener una sanción? Por supuesto que tiene que tener una sanción. Acá tenemos que fijar un principio, ¿estamos o no de acuerdo en que abusar de la protesta para generar hechos de violencia tiene que tener un desvalor o no? Claro que tiene que tener un desvalor", justificó.
Desde el mismo bloque opositor, contrastó posturas la diputada comunista Carmen Hertz, quien advirtió que "quienes concurran al aprobar esta iniciativa le están regalando al Gobierno una herramienta para que se querelle indiscriminadamente contra las personas que ejercen la libertad de expresión y de reunión".
"Esto es irresponsable. ¿Qué posibilidad tienen las personas que no tienen casa más que cortar una calle para llamar la atención? ¿Pueden comprar un canal de televisión para plantear sus necesidades?", preguntó la legisladora.
La sesión de este miércoles comenzó con una nueva muestra de molestia que se mantiene entre varios diputados por declaraciones del presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), y de otros legisladores de la Cámara Alta, que han planteado que en forma recurrente deben "corregir" los proyectos de la Cámara Baja y que esta iniciativa hubo que "rehacerla completamente".
En su exposición, el diputado informante de la Comisión de Seguridad, Gonzalo Fuenzalida (RN), dijo que "este proyecto fue aprobado acá en la Cámara de Diputados y se fue al Senado, y después de una serie de declaraciones y aseveraciones por parte de algunos senadores, que al parecer legislan mejor que nosotros, quedó el siguiente resultado".
Este irónico comentario causó la molestia de la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), quien sostuvo que "lo habrá dicho no sé en qué tono, pero no corresponde a que eso sea parte del informe que a él le toca dar además en ese lugar".
A su vez, el presidente de la Cámara Baja, Iván Flores (DC), apuntó que lo entendió "como un comentario con un dejo sarcástico, no como una afirmación, y pido que salga ese comentario del acta que da cuenta del informe".
El proyecto considera una modificación al Código Penal, incluyendo un artículo que sancione el delito de saqueo con penas que van desde los 541 días a los cinco años de presidio.
Uno de los cambios incorporados en el Senado es el aumentar en un grado estos delitos cuando se den en un período de calamidad pública o con alteración del orden público, en lugar de penarlo con grado máximo en cualquier circunstancia, como se aprobó anteriormente.
Además, se tipifica como delito la instalación de barricadas en la vía pública, además de la obstrucción del tránsito mediante el uso de vehículos y el lanzamiento de objetos contundentes, con penas desde los 61 a los 540 días de reclusión.
Quienes participen en el denominado "el que baila pasa", impidiendo el libre tránsito vehicular en medio de una manifestación, arriesgan una pena similar.
