Fiscales, ex fiscales y expertos en derecho han elevado el tono de sus críticas al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, que ayer accedió a la petición de las defensas del caso Penta para que declaren, en calidad de testigos, los persecutores Carlos Gajardo y Pablo Norambuena; quienes han llevado desde el inicio la causa.
El jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, ya acusó en la víspera que se trata de "una maniobra destinada a tratar de sacarlos de la investigación", y con el paso de las horas se han multiplicado los comentarios y advertencias en dicho sentido.
"El fiscal, si bien es interviniente, es un agente del Estado a quien se encomienda una misión constitucional que es, precisamente, dirigir de manera exclusiva y excluyente las investigaciones penales. En ese contexto, no puede transformarse en testigo", opinó hoy el jefe de la Fiscalía Metropolitano Sur, Raúl Guzmán.
El fiscal sometido a dicha condición "podría, eventualmente, inhabilitarse, y eso sería nefasto: por este mecanismo podrían quedar todos los fiscales inhabilitados para llevar adelante investigaciones, sobre todo en etapas tan claves como en cierres de investigación y audiencias de preparación de juicio oral, cuando ya traspasar la investigación a otro fiscal para que continúe adelante con eso puede perjudicar el resultado del juicio", alertó Guzmán.
"Absurdo jurídico"
Para el ex fiscal nacional Sabas Chahuán "la resolución no se ajusta a derecho y es un error jurídico".
"Si se le toma declaración a los fiscales en esa investigación va a producirse el absurdo jurídico de que una persona que dirige y que interviene en la indagatoria pueda ser citado como testigo en el mismo caso que participa", dijo Chahuán a Emol, explicando que si las tomas de declaraciones se concretan "serían ofrecidas por la defensa como prueba en un juicio oral y en ese caso, Gajardo y Norambuena no podrían ser testigos y al mismo tiempo, ser la parte acusadora".
"Distorsiona todo el sistema"
El tema ha sido comentado con insistencia en las últimas horas, vía redes sociales, por el abogado Cristián Riego, considerado uno de los "padres" de la reforma procesal penal, quien advirtió que la decisión del tribunal está "muy mal" y "no corresponde", porque "distorsiona todo el sistema".
Este comentario fue incluso citado en Twitter por el fiscal Gajardo, quien se encuentra fuera de Chile:
Claudio Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, planteó que "es un desprósito absoluto el que se haya acogido esa diligencia de investigación, que no puede ser una instancia de investigación citar a declarar al fiscal porque la verdad es que desquicia a todo el sistema procesal penal".
"Obviamente los fiscales siempre van a tener antecedentes respecto de las causas, de los procedimientos abreviados que se pueden haber tratado de negociar, de las diligencias que haya, pero de ahí a pretender citarlos como testigos a declarar al juicio es negar la naturaleza de las cosas, o sea, los fiscales no son testigos", dijo.
Ciudadano Inteligente emplaza al fiscal nacional
Desde la Fundación Ciudadano Inteligente, el abogado querellante Mauricio Daza emplazó al jefe nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott, a sacar la voz para defender el trabajo de Gajardo y Norambuena, así como lo ha hecho con otros fiscales.
"Llama profundamente la atención que el fiscal Jorge Abbott aparezca defendiendo a persecutores que aparecen actuando de manera desafortunada en causas de relevancia. Sin embargo, para defender a fiscales que realizan su tarea de manera ejemplar, decidida, llevando contra viento y marea causas complejas, que afectan al interés político y económico de nuestro país, hay un estoico silencio", señaló Daza.
La Fiscalía podría presentar un recurso de queja ante la Corte de Apelaciones de Santiago, pero esto aún no ha ocurrido. Se prevé que Abbott se pronuncie mañana sobre la resolución, que pone en jaque el trabajo de la Fiscalía en torno a las investigaciones de financiamiento ilegal de la política.
