La Fiscalía se comprometió a renunciar al cargo por cohecho y pidió la SII calcular la multa que deberán pagar por la evasión de impuestos.
Con este acuerdo, los empresarios accederán a una pena de cuatro años de pena remitida.
Fue el primer y mayor escándalo que involucró al empresariado con el financiamiento ilegal de campañas y por el pago de favores políticos. El denominado caso Penta estalló en 2014 con la revelación de la emisión de boletas ideológicamente falsas con las que la firma -controlada por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín- evadía impuestos y financiaba campañas principalmente de la UDI.
Délano y Lavín estuvieron 46 días en prisión preventiva, 111 días con arresto domiciliario total y 118 días con arresto domiciliario nocturno, es decir, más de nueve meses con medidas cautelares, recuerda este sábado La Tercera.
El matutino dio cuenta que el fiscal Manuel Guerra y el abogado defensor, Julián López, sellaron un "acuerdo de palabra" para que los emrpesarios logren un procedimiento abreviado con una pena de cuatro años de pena remitida, por lo que así evitarán -si el tribunal acepta el acuerdo- llegar a juicio oral.
Pablo Wagner, ex subsecretario del primer Gobierno de Sebastián Piñera, también se sumó al trato que lo condenaría a dos años de pena remetida y tres años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.
En resumen, ni Délano, Lavín ni Wagner volverán a prisión.
El acuerdo, según agrega La Tercera, incluye un pago de multas que está siendo calculado por el Servicio de Impuestos Internos, que es el querellante en la causa.
Con este trato, además, la Fiscalía renunciará a la imputación del delito de cohecho, siendo recalificado por enriquecimiento ilícito para Wagner y será omitido en las acusaciones contra los "Carlos".
En el caso Penta, el entonces fiscal Carlos Gajardo llegó a formalizar a 36 personas, pidiendo 10 años de prisión para los tres principales acusados. Gajardo pedía además una multa del 300 por ciento de la elusión de impuestos.
Según detalló La Tercera, el perjuicio fiscal imputado contra Délano y Lavín alcanzó los 2.000 millones por delitos tributarios cometidos entre 2009 y 2014.
En la causa además fueron acusados Iván Moreira (UDI) quien finalmente fue absuelto y Felipe de Mussy (UDI), sin embargo, la justicia rechazó desaforarlo.
