La mañana de este jueves se realizó el juicio abreviado contra el ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos Iván Álvarez, quien reconoció los cargos en su contra por delitos tributarios, cohecho y lavado de activos en el marco del caso Penta.
El Ministerio Público acusó a Álvarez de infringir gravemente los deberes de su cargo, al favorecer a las empresas del holding liderado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
El fiscal Manuel Guerra explicó que Álvarez "era un funcionario del Servicio de Impuestos Internos que había sido cooptado por el imputado Hugo Bravo López para beneficiar a las empresas del grupo Penta".
"Se trató de una persona que intervino en tres delitos distintos: la posibilidad de obtener devoluciones fraudulentas para empresas del grupo Penta y empresas de Hugo Bravo por un monto importante, de sobre 267 millones de pesos, el haber sido autor del delito de cohecho, toda vez que aceptó recibir dineros para infringir deberes propios de su cargo, y también el delito de lavado de activos", añadió.
Debido a esto, la Fiscalía solicitó una pena de cinco años de libertad vigilada intensiva, el pago de una multa de 347 millones de pesos y la prohibición de acercarse al resto de los imputados en la causa y a las oficinas de Penta.
"Abrió la puerta"
El abogado de Iván Álvarez, Sergio Rodríguez, afirmó que "lo importante es que el sistema penal ha funcionado con una persona que se arrepiente, reconoce y colabora para reparar e investigar los delitos que pudo haber cometido y el sistema funciona".
"Él (Álvarez) fue el que tenía una llave que abrió una puerta y una vez que esa puerta se abrió fue Hugo Bravo el que condujo a los fiscales por cada una de las habitaciones de esa casa, pero fue Iván Álvarez el que abrió la puerta, porque él pudo vincular a un gerente del grupo Penta, como es Hugo Bravo, con los hechos que se estaban investigando", remarcó.
Esta sentencia ya fue acordada con la defensa del ex funcionario del SII y ahora deberá ser ratificada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, que dará a conocer su resolución el próximo 14 de febrero.