El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago dio por finalizado el proceso contra el senador UDI.
Previo al fallo, el abogado querellante Mauricio Daza adelantaba que "la señal que se da es bastante grave".
Las condiciones propuestas por la Fiscalía consisten en la fijación de un domicilio y el pago del monto de 35 millones de pesos al Fisco.
En apenas 15 minutos, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago zanjó la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente de suspender condicionalmente el procedimiento en contra del desaforado senador UDI Iván Moreira en el marco del caso Penta, polémica petición que gatilló la renuncia al Ministerio Público de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.
La decisión adoptada por el persecutor jefe Manuel Guerra fue acordada junto con el abogado defensor del parlamentario, Gabriel Zaliasnik Schilkrut, quien aceptó las condiciones propuestas por la Fiscalía, que consisten en la fijación de un domicilio y el pago de 35 millones de pesos al Fisco.
Esta cifra corresponde a la totalidad del monto de las boletas ideológicamente falsas facilitadas por el legislador, quien tendrá la posibilidad de cancelarlas en 12 cuotas.
Con la decisión del tribunal, el proceso contra Moreira se dio por finalizado y el senador no deberá cumplir ninguna pena de presidio por el delito y podrá volver a sus funciones en el Senado.
"La causa empieza a tener fin"
Previo al fallo, el abogado Zaliasnik explicó a Cooperativa que una de las claves para llegar a esta salida fue el dividido fallo de desafuero por parte de la Corte Suprema: "Nosotros tenemos un acuerdo con el fiscal responsable de la investigación, el señor Guerra. Al menos en lo que respecta al senador Moreira, evidentemente la causa empieza a tener un fin".
"Probablemente (este epílogo) pudo haber tenido lugar antes, pero quizás fue necesario que hubiera un contundente pronunciamiento de la Corte Suprema, en el sentido de que los hechos que se le imputaban no eran constitutivos de delitos para que así se materializara. En ese sentido, estamos conformes", afirmó el representante de Moreira.
Cabe recordar que el parlamentario fue desaforado en noviembre por la Corte Suprema debido a la entrega de boletas ideológicamente falsas para el financiamiento de su campaña parlamentaria del año 2013.
Querellante: "La señal que se da es bastante grave"
El abogado Mauricio Daza, querellante en el caso Penta y SQM, manifestó -antes de la audiencia- que "la señal que acá se da es bastante grave, en el sentido de que cualquier autoridad que cometa algún ilícito y llegue a ser descubierta, eventualmente podrá quedar impune de toda responsabilidad a partir de un pago de suma de dinero, la cual, por lo demás, es bastante baja en relación a los ingresos de un parlamentario como el senador Iván Moreira".
"Por lo tanto, en ese contexto, nos parece que es una solución inadecuada, que atenta en contra de los fines del proceso legal y que, además, afecta gravemente el interés público comprometido", agregó el abogado.
"Me aparece bastante insólita, no solo si se considera el hecho de que el senador ha reconocido públicamente el haber solicitado a los dueños del grupo Penta financiamiento irregular a partir de la triangulación de dineros por medio de facturas ideológicamente falsas, sino que además se debe considerar que estamos frente a delitos que no tienen carácter patrimonial, que atentan contra del erario público y en contra de la fe pública cometidos por parte de una persona pública y en ese momento era diputado, para iniciar una campaña senatorial", remarcó.
