Manuel Guerra planteó en Cooperativa que "no tenemos interés en proteger a nadie sobre este tipo de hechos".
No descartó que se llegue a un procedimiento abreviado en el caso de Laurence Golborne.
Guerra respaldó las decisiones tomada por el ex fiscal nacional, Sabas Chahuán.
El fiscal a cargo del caso Penta, Manuel Guerra, no descartó en Cooperativa la posibilidad de llegar a un proceso abreviado en el caso del ex candidato presidencial Laurence Golborne (UDI), y rechazó las acusaciones de sesgo político en las investigaciones.
En conversación con El Diario de Cooperativa, Guerra sostuvo que "tenemos que acelerar el tranco para ojalá dentro de estos cuatro meses preparar la acusación y ver si en su momento existen o no las condiciones para proceder a un procedimiento abreviado. Yo no lo puedo afirmar como algo que se vaya a realizar, tampoco lo descarto".
"Nos acomodan y nos agradan los juicios orales, y por lo tanto no le tenemos miedo ni temor a afrontar un juicio oral, pero obviamente que entendemos que hay oportunidades que pueden hacer aconsejable un procedimiento abreviado para ahorrar recursos en la realización de un juicio imaginario", precisó.
Guerra explicó la acusación en contra del ex ministro y militante de la UDI: "El señor Golborne solicitaba aportes a varias empresas que estaban dispuestas a entregarle dinero, pero a cambio de que estas empresas pudiesen pasar esto como un gasto y no significar un desembolso real".
"Se le entregaba una factura por un supuesto servicio que había realizado que era falso, se simulaba un servicio a dichas empresas cuando en realidad era el pago o el aporte irregular a la campaña política, primero a la precampaña presidencial del señor Golborne y luego a la campaña senatorial", indicó.
Rol del SII
En relación a la falta de querellas del SII en este caso, Guerra manifestó que "cuando el Servicio de Impuestos Internos inicia su investigación presenta querellas en contra de Laurence Golborne por lo que son los aportes recibidos por parte de las empresas del grupo Penta".
"Específicamente y nominativamente no existe querella respecto de las restantes empresas, y nosotros sostenemos que al momento de presentar querella en contra de Laurence Golborne eso nos habilita para meternos en toda la situación tributaria ligada a la campaña del señor Golborne", agregó.
El fiscal destacó que "puede que en su momento el SII decida ampliar sus actuaciones y no me corresponde a mí ni le corresponde al Ministerio Público referirnos al silencio de ellos. Somos bastante respetuosos en respaldar nuestra autonomía y de los otros organismos del Estado".
Críticas de la oposición
Manuel Guerra también se refirió a las críticas por parte de los partidos de la oposición sobre diferencia en el trato a sus personeros.
"Creo que esas afirmaciones no tienen ningún asidero, todas las decisiones que en su momento tomó el ex fiscal nacional Sabas Chahuán como líder de las investigaciones como las que al día de hoy hemos tomado los fiscales que tenemos a cargo la investigación (...) han estado guiados por la existencia de antecedentes que nos han permitido avanzar", comentó.
"Al día de hoy no vemos que tengamos los antecedentes suficientes como para proceder con la formalización del señor Velasco, si los tuviésemos pierda cuidado que lo haríamos. No tenemos interés en proteger a nadie sobre este tipo de hechos", añadió.
Finalmente, Guerra aseveró que "la fiscalía actúa con parámetros similares, pero no podemos proceder a formalizar sin antecedentes de forma arbitraria (...) no se nos puede acusar de sesgo político".
Ante estas declaraciones, el abogado de Ciudadano Inteligente y querellante en el caso, Mauricio Daza, sostuvo que "existe una actitud errática por lo menos del Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público en esta materia, toda vez que por una parte el SII no está presentando las querellas que antes raudamente presentaban, cuando esto solamente estaba vinculado al caso Penta".
"Lo que se ha conocido hasta el momento representa solo la punta del iceberg y la mejor demostración de aquello es que en la arista SQM que se abrió hace un año, respecto solamente de una boleta vinculada a Pablo Wagner (ex subsecretario de Minería) terminó durante estos 12 meses abriendo una verdadera caja de Pandora", dijo el jurista.
"El problema final de este conflicto tiene que ver con de qué manera las instituciones del Estado tienen que enfrentar causas donde aparecen en principio involucrados en delito personeros relevantes de distintos sectores políticos", añadió Daza.
Desde el SII, el director Fernando Barraza ha insistido en que la misión del ente fiscalizador no es presentar querellas y que éstas son solo una herramienta más de su labor.
