El fiscal nacional, Sabas Chahuán, envió un oficio al organismo liderado por Michel Jorratt.
Éste debería ser respondido dentro de las próximas 48 horas.
El Ministerio Público trabaja "a contrarreloj" ante la inminente prescripción de los delitos tributarios eventualmente cometidos por la empresa minera durante 2009.
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, envió este miércoles un oficio al Servicio de Impuestos Internos solicitando la entrega de la información contable de SQM correspondiente al periodo 2009-2014.
La empresa minera controlada por Julio Ponce Lerou decidió a inicios de esta semana negar la información requerida por el Ministerio Público, pero hizo entrega "voluntaria" de ésta al SII.
Según informó hoy La Tercera citando a "fuentes de la Fiscalía", la decisión de Chahuán se ampara en el artículo 19° del Código Procesal Penal, que norma la entrega de información al Ministerio Público por parte de otras instituciones.
El medio indicó que el SII tiene un plazo de 48 horas para responder a esta solicitud. En caso de que se niegue, tendrá que venir un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones.
El fiscal nacional pidió también las declaraciones juradas realizadas por SQM, entre las que se encuentran honorarios y retenciones, el resumen del IVA sobre compras y otras operaciones afectas a los impuestos a las ventas y servicios, y sobre ventas y/o prestaciones y servicios.
De acuerdo a La Tercera, Sabas Chahuán señaló en el escrito que envió a Impuestos Internos que este requerimiento no vulnera lo resuelto por el Tribunal Constitucional, que ordenó la suspensión de diligencias de carácter intrusivo, como allanamientos e incautaciones, hasta el próximo 25 de marzo.
El riesgo de la prescripción
La decisión del TC que paraliza la arista SQM por una semana se da en medio de numerosos cuestionamientos al rol del SII y su director, Michel Jorratt, quien fue parte de la campaña de Michelle Bachelet en 2013 y hasta ahora ha desistido de ampliar la querella contra SQM, dejando de "manos atadas" a la Fiscalía.
Existe expectación respecto a la posibilidad de que la revisión de la información contable de SQM abra una eventual "caja de pandora" que revele un transversal financiamiento irregular a campañas políticas.
Los posibles delitos económicos cometidos el año 2009 -en que hubo campañas presidenciales y parlamentarias- prescriben el 30 de abril, conforme a los seis años de plazo establecidos por el Código Tributario.
No obstante, la querella o formalización contra una persona en una investigación penal detiene el plazo de prescripción de un delito, destacó hoy el diario El Mercurio.
