El juez Juan Carlos Valdés decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para el ex senador de la UDI Jovino Novoa, quien fue formalizado este lunes por delitos tributarios e infracción a la Ley de Donaciones entre 2009 y 2014.
En una larga exposición, Valdés dio a conocer los motivos y la justificación para decretar esta medida cautelar contra el ex parlamentario y ex presidente de la colectividad gremialista.
Según la investigación del Ministerio Público, Novoa está vinculado al financiamiento irregular de campañas políticas de candidatos de la UDI a través de una serie de contactos con el Grupo Penta y Soquimich (SQM).
Entre los argumentos del magistrado estuvieron que pese a la irreprochable conducta anterior del senador y a que había reparado en parte el mal causado con un depósito por 15 millones de pesos, no había colaborado con la investigación y tenía la agravante de concertarse con los ejecutivos de Penta y SQM para obtener aportes y la reiteración de estos delitos.
Al término de su argumentación, Valdés afirmó que mientras oficiaba como senador de la República, Novoa se opuso a cambios a la evasión tributaria evitando un mayor control y otorgar mayores atribuciones a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII).
La defensa del ex parlamentario tiene hasta cinco días hábiles para recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago para dejar sin efecto esta resolución del Octavo Juzgado de Garantía.
Matías Balmaceda, abogado defensor de Novoa, explicó que "el tema de la persecución política está a la vista y yo no quiero entrar en ese grado de detalle, pero está a la vista y es tan evidente que es la única persona que está querellada en Chile por el artículo 97, número 4 inciso primero aparte de la empresa Soquimich y Penta".
"No hay ninguna otra sociedad querellada en Chile, entonces creo que la respuesta es evidente. Creemos que no hay delito efectivamente, es la misma posición en que se encuentran muchas situaciones de políticos", añadió.
UDI cree en presunción de inocencia
Previo a conocer esta resolución, el presidente de la UDI, senador Hernán Larraín, reafirmó el derecho a la presunción de inocencia y afirmó que hay que dejar que las defensas se manifiesten y llamó a hacer una distinción entre la responsabilidad individual e institucional.
"Nosotros creemos en la presunción de inocencia, y mientras el juez no diga lo contrario seguiremos creyendo en ella. Sabemos que ha habido malas prácticas y entendemos que ellas se han cometido para financiar campañas electorales y esperamos que eso se reitere y que se acredite", afirmó el parlamentario.
Larraín añadió que estas malas prácticas "no corresponden a figuras penales, no son figuras delictivas, sino que irregularidades administrativas, infracciones electorales o como se les quiera llamar y esperamos que los tribunales aclaren esta situación. No tenemos más que agregar respecto de los casos específicos, porque no somos comentaristas judiciales".
Fiscal nacional: Estamos investigando a quien haya que investigar
En tanto, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, explicó que "no hemos tenido certeza de adónde llegó el dinero, pero sí se pidió para campañas políticas. Ahora, si hay que investigar, vamos a investigar todo lo que haya que investigar".
Sobre la alternativa que tiene la defensa de recurrir a instancias superiores, Chahuán dijo que "es una posibilidad que la defensa seguramente va a impugnar lo resuelto por el tribunal en la Corte de Apelaciones y esperemos lo que la Corte decida".
"Estamos investigando a quien haya que investigar" y "cuando haya que formalizar vamos a formalizar a quien sea (...) si hay que formalizar a cualquier persona, vamos a formalizar a cualquier persona, de verdad, no importa de qué sector, da lo mismo de que sector político pueda ser", concluyó el persecutor.
