El ex ministro de Sebastián Piñera fue formalizado por delitos tributarios en el marco del caso Penta.
Se desestimó la petición de la Fiscalía de arresto domiciliario total para el ex presidenciable.
Se le imputó por la facilitación de facturas ideológicamente falsas a 11 empresas por un monto total de 378 millones 770 mil pesos.
El Octavo Juzgado de Garantía decretó firma quincenal y arraigo nacional para el ex ministro del Gobierno de Sebastián Piñera y ex candidato presidencial, Laurence Golborne, luego de que este miércoles fuera formalizado por delitos tributarios en el marco del caso Penta.
El Tribunal desestimó la petición de la Fiscalía de arresto domiciliario total para el ex presidenciable, no así con el arraigo.
A Golborne se le imputó por la facilitación de facturas ideológicamente falsas a cerca de 10 empresas -Penta, Ripley, BCI, entre otras- por un monto total de 378 millones 770 mil pesos durante los años 2012 y 2014.
En la audiencia, el Ministerio Público detalló que Golborne tenía pleno conocimiento de lo que hacía, pues él mismo pidió ayuda a las empresas para conseguir dinero para financiar su campaña política, tanto la presidencial como la senatorial, a través de facturas falsas por servicios inexistentes o facturas que fueron emitidas por VOX Comunicaciones.
A la salida del Tribunal, Golborne acusó que "aquí existe un juicio político", añadiendo que "siempre he sido independiente, no milito en ningún partido político, nunca he militado en un partido político, por lo tanto, no necesito el apoyo de nadie en particular".
Además, explicó que "en la Ley Electoral no existía ningún mecanismo de financiamiento para las precampañas políticas, no había ninguna regulación que decía cómo esto se tiene que hacer".
"Efectivamente, yo me acerqué al grupo Penta y les pedí ayuda para ese posicionamiento. Esto fue después de haber dejado de ser funcionario público, después de haber dejado de ser ministro", recalcó.
"Yo no me voy a escudar en lo que otros hicieron o la situación que otros estén viviendo. Yo asumo mi responsabilidad y estoy dispuesto a someterme en los tribunales para llegar a determinar, que desde el punto de vista tributario, yo no he cometido delito alguno. Espero que eso sea acogido y espero demostrarlo", agregó.
"A mí no me presiona nadie, he actuado libremente, he actuado siempre con bastante transparencia y diciendo la verdad", concluyó el ex aspirante a La Moneda y al Senado.
Fiscalía justificó petición de arresto domiciliario
El fiscal Pablo Norambuena justificó la petición del arresto total en vista a que en su primera declaración, del 3 de noviembre de 2014, negó haber recibido aportes irregulares de otras empresas como Ripley, del cual era parte del directorio, y solo reconoció haber recibido dineros de Penta.
"Se guardó todo lo que había pasado con VSA, con VOX, con BCI. Nos parece que el comportamiento ante la investigación fue desleal del momento en que le hicieron esa consulta, pero aquí hubo una negativa tanto en el ámbito de Ripley como aportes a su precandidatura", detalló.
En tanto, el fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, se declaró conforme con la medida cautelar para el ex ministro y aseguró que no están dispuestos a ofrecerle un procedimiento abreviado.
"Hemos esgrimido y sustentamos que al día de hoy, bajo los parámetros que como Ministerio Público hemos definido, no estamos en condiciones de reconocer como atenuente la colaboración sustancial", dijo el persecutor regional.
"El señor Golborne ha reconocido el haber facilitado facturas solo a una de empresas -empresas Penta-, pero no ha emitido pronunciamiento alguno respecto de otras 10 empresas por las cuales se le ha imputado y ha sido objeto de querella por el SII", añadió.
El persecutor recalcó que "mientras eso no ocurra no vamos a acceder a reconocer una circunstancia de colaboración sustancial del imputado. (...) Hoy día no están dadas las condiciones para un juicio abreviado".
Guerra agregó que "nosotros podríamos separar lo que es la arista de las 10 empresas que acaban de ser objeto de querella por parte del Servicio de Impuestos Internos, pero es algo que no hemos definido todavía".
"Es algo que vamos a conversar con el Servicio de Impuestos Internos en su rol de querellante, pero queremos dejar claro que no vamos a dejar a investigar a esas empresas. Nos interesa perseguir la responsabilidad de las personas que incorporaron esto a las contabilidades de las respectivas empresas, esto no lo hacen las empresas solas, tienen representantes legales, hay personas que ejercen roles gerenciales", enfatizó.
El fiscal Guerra remarcó que "queremos saber qué personas aceptaron estas facturas falsas y facilitaron dineros para una campaña presidencial no estando de acuerdo a lo que la ley señala".
En tanto, el fiscal Carlos Gajardo complementó que "el señor Golborne, no es que haya guardado silencio, fue falaz, para decirlo en castellano, mintió. Lo que le hizo a la Fiscalía fue mentirle"
"Dijo 'no tengo más facturas falsas en mi campaña presidencial, no tengo más facturas falsas en mi campaña senatorial, y no conozco de que Ripley, empresa de la que soy director, haya financiado ilegalmente campañas políticas', y resulta que lo financiaba a él mismo, o sea, tenía un conocimiento preciso", resaltó.
Defensa arremetió contra el SII
Mientras que la defensa de Golborne acusó una desigualdad de trato en esta imputación y arremetió en contra del SII por actuar penalmente para algunos imputados, mientras que para otros se ofrecía sanciones administrativas.
El abogado Juan Pablo Kinast sostuvo que "es un hecho histórico de vergüenza. Para mi representado los hechos descritos en la querella y que han sido objeto de formalización sí serían constitutivos de delito, por lo tanto mi representando debe someterse al sistema procesal penal y a la jurisdicción de nuestra señoría".
"Sin embargo, el mismo hecho para otras personas solamente ha sido objeto de persecución a través del sistema infraccionario", criticó.
Le respondió el abogado del SII en su calidad de querellante, Benjamín Ríos, quien sostuvo que "lo que realmente es una vergüenza es comparecer en una audiencia a hablar sin comprender lo que está diciendo, que naturalmente no todos los hechos son equivalentes".
Sostuvo que "no es posible comparar, por ejemplo, una facilitación durante tres años tributarios de 25 doicumentos a 11 empresas distintas por prácticamente 400 millones de pesos con otros casos de facilitación con los que ha llevado a la Justicia tributariedad aduanera, que son por menos de cinco documentos y por montos que no superan los cinco millones de pesos".
"Lo que ha señalado acá el defensor demuestra un grave desconocimiento acerca de la normativa que rige en esta materia", criticó.
