El Grupo de Puebla, mediante una misiva firmada por 29 líderes, criticó a la Justicia chilena por las constantes dilaciones del juicio que, tras ocho años, inició este lunes.
Denunció que el cuatro veces candidato presidencial "viene, desde 2015, siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera".
El Grupo de Puebla, que reúne a numerosos y prestigiosos líderes políticos, jueces y abogados de Iberoamérica, criticó con dureza a la Justicia de Chile por el reciente nuevo aplazamiento del juicio oral por el caso de corrupción y financiación ilegal SQM (Sociedad Química y Minera de Chile), que entre otros, tiene como imputado al cuatro veces candidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami, y que -tras ocho años- partió finalmente este lunes.
En una carta con 29 firmas, entre ellas la del presidente de Argentina, Alberto Fernández, y la del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el grupo denuncia que "desde 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera".
"Durante estos 8 años, Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones. Sin embargo, fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio", critican.
En este contexto, expresan su desencanto por la decisión adoptada esta misma semana, en la que se volvió a aplazar la apertura de la vista oral con un argumento que consideran peregrino.
"Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de 8 años de investigación, volvieron los fiscales a pedir suspensión, argumentando que febrero era época de vacaciones en Chile. Una justicia dilatada es una justicia denegada, enfatizan.
📄 30 líderes iberoamericanos de 14 países, y 15 destacados juristas y abogados de 6 países, solidarizan con Marco Enríquez-Ominami
— Grupo de Puebla (@ProgresaLatam) February 15, 2023
“Acusar y no haber permitido el juicio por 8 años, es una inadmisible forma de perseguir un liderazgo”.
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"La dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado. Otro caso de lawfare como los adelantados en América latina para perseguir dirigentes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes cuando el daño moral ha sido causado", afirman.
"Aunque ya no se cumplió el plazo razonable, se inicia finalmente el juicio, pero con un nuevo obstáculo: un auto de apertura que no sería válido, lo que significaría la futura nulidad del juicio. De este modo se siguen violando o afectando los derechos de la defensa o el debido proceso", añaden.
La misiva concluye con dos párrafos en los que los firmantes dicen estar seguros de que "finalmente se impondrá la verdad y la justicia. Que Marco derrotará esta acusación como lo ha hecho en otros 12 intentos de conservadores de acusarlo de diferentes delitos.
"Como Grupo de Puebla y Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud) nos solidarizamos con él y su causa porque estamos seguros de que saldrá adelante", apostillan.
Ademas de la del presidente argentino y el exmandatario español, en la misiva aparecen las rúbricas de líderes latinoamericanos como el colombiano Ernesto Samper, el ecuatoriano Rafael Correa, el panameño Martín Torrijos y el boliviano Evo Morales.
Igualmente han puesto su firma Celso Amorim, ex canciller brasileño y actual asesor internacional del Presidente Lula da Silva, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores (RR.EE.) del Senado de México, Beatriz Paredes así como juristas del Clajud, liderados por el exjuez español Baltasar Garzón.
El escándalo SQM estalló en 2015, durante el segundo Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, e investiga una presunta financiación ilegal de candidatos y partidos políticos con pagos procedentes de la empresa Sociedad Química y Minera de Chile a personas relacionadas con estos por servicios nunca prestados.
El caso comenzó a ser indagado a finales de 2014, en el marco de la investigación de la Fiscalía de Chile por un caso similar de facturas falsas, conocido como "caso Penta".
