La Fiscalía solicitará en los próximos días la formalización de Jorge Pizarro Cristi, hijo del senador de la DC Jorge Pizarro, en el marco del caso SQM, luego de que el 2 de junio pasado prestara declaración en calidad de imputado por los pagos que hizo la minera no metálica a Ventus Consulting por 45 millones de pesos entre 2011 y 2012.
En la misma situación están sus hermanos Sebastián y Benjamín Pizarro, quienes aún no prestan testimonio ante el Ministerio Público.
También será formalizado el ex subsecretario general de Gobierno, el periodista Rodolfo Baier, por emitir boletas ideológicamente falsas a SQM.
Al respecto, Baier recalcó que "la fiscal Carmen Gloria Segura nos llamó, nos ofreció una salida alternativa, cerrar este caso a través de una suspensión condicional, la cual yo y mi abogado no estamos en condiciones de aceptar, porque somos absolutamente inocentes", recalcó.
"Nosotros hemos señalado que vamos a esperar las medidas que tome la Fiscalía, que sean distintas a estas alternativas para ir a un juicio oral y demostrar absoluta inocencia, que es lo que tiene que quedar claro ante la opinión pública", añadió el periodista.
"La Fiscalía va a continuar la línea de investigación que ha llevado hasta el momento. Estamos en condiciones de pedir nuevas audiencias de formalización, lo vamos a hacer próximamente respecto de personas que ya han sido citadas a declarar y eso va a ser parte de la comunicación que haremos en su momento", dijo el fiscal regional de Valparaíso a cargo del caso SQM, Pablo Gómez.
"Los hijos del senador Pizarro, uno de ellos ya ha prestado declaración, y estaríamos en condiciones de comunicar cargos en forma próxima, lo mismo que respecto al señor Rodolfo Baier", añadió el persecutor.
En esa línea, el fiscal resaltó que "el que prestó declaración fue don Jorge Pizarro".
El fiscal manifestó estas palabras luego de participar en una nueva audiencia del caso SQM en la que se reformalizó al ex gerente de la minera no metálica, Patricio Contesse; a Giorgio Martelli y al ex diputado radical Alejandro Sule.
Gómez explicó su postura en disputa con fiscal Arias
El persecutor también se refirió además a la polémica que ha sostenido con el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, por la fecha en que conoció los correos electrónicos entre el ex ministro de Economía Pablo Longueira y el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse.
Arias expresó que los correos estuvieron en conocimiento antes por Gómez y dejó entrever un retraso intencional en el inicio de una investigación por cohecho contra el otrora senador UDI.
"Lo que yo he dicho y lo que dije en su momento era que los correos por sí solos no bastaban, una vez que yo tuve conocimiento de ellos, para imputar un delito de cohecho, cuestión que afirmo. Créanme que si yo llevase solamente esos correos electrónicos a una audiencia de juicio, probablemente, la sentencia de un tribunal sería absolutoria", sostuvo el persecutor.
Gómez afirmó que "a partir de esos correos hemos generado un conjunto de diligencias de investigación, profundas y acuciosas en los términos que ha empleado el fiscal nacional, y desde ese punto de vista tenemos la tranquilidad total de que estamos haciendo bien nuestro trabajo".
"Se ha tratado de una investigación acuciosa y profunda y que los dichos del señor Arias no tienen fundamento alguno. Cualquier continuación en una polémica de este tipo es innecesaria. Desde ese punto de vista no tiene sentido continuar con dichos que no tienen sosten alguno", remató el persecutor.
Suspensiones condicionales para cinco imputados
Durante la audiencia de este miércoles se zanjaron cinco suspensiones condicionales a un grupo de imputados que también facilitaron boletas ideológicamente falsas a SQM para financiar campañas políticas.
Los beneficiados con este acuerdo son Patricio Purcell, Andrés Campos Rojas, Carlos Tudela García, Ignacio Rojas y Carlo Descalzi.
Johanna Heskia, abogada de Carlos Tudela, explicó que "es una salida interesante, en que no hay que reconocer responsabilidad, de hecho se nos reconoce la colaboración en el proceso y demuestra la buena fe con la que actuó mi representado. Es un acuerdo que, por las penas posibles bajas a imponer, demuestra colaboración con la Fiscalía: solamente pagar una indemnización y fijar domicilio".
Todos ellos, en suma, deberán pagar además una multa de 2.500.000 pesos.