Al concurrir este miércoles a su formalización en el marco del caso SQM, el ex subsecretario general de Gobierno Rodolfo Baier (Partido Radical) insistió en que fue "engañado" por el ex diputado de la misma colectividad Alejandro Sule.
El periodista renunció en junio de 2015 al Gobierno luego de conocerse que en 2013 había emitido una boleta de honorarios falsa por cerca de seis millones de pesos a beneficio de Sule.
Ad portas de la audiencia de hoy, ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, se conoció que Baier había presentado una demanda civil exigiendo una indemnización de 20 millnones de pesos a su correligionario, el ex diputado Sule.
"Es absolutamente mi derecho, yo creo que fui engañado por Alejandro Sule y él lo tiene claro y tengo que hacer una acción de ese tipo", explicó Baier a su llegada al tribunal, donde es formalizado junto a otros 32 boleteros del caso SQM.
Durante la realización de la audiencia el fiscal Patricio Toro detalló que "el imputado Sule, en diciembre de 2012, encontrándose en una reunión con Rodolfo Baier Esteban, le pide que le facilite y emita una boleta de servicios periodísticos".
"Posteriormente, en enero de 2013, Sule se comunica telefónicamente con Baier para comunicarle el supuesto servicio habría sido prestado, entregándole los datos de la empresa, el RUT y la glosa para la confección de la boleta de honorarios por un servicio que, en realidad, nunca fue prestado. A continuación Baier emite la boleta número 337, de fecha 15 de enero de 2013, por un monto bruto de 6.666.667 pesos", relató el persecutor.
Suspensiones condicionales
En la audiencia de hoy se zanjaron -en virtud de un acuerdo entre la la Fiscalía y las defensas- suspensiones condicionales para 30 de los 33 imputados, quienes deberán pagar el 5 por ciento bruto del total defraudado y, en el caso de algunos, habrá firma mensual.
El Servicio de Impuestos Internos, presente en la diligencia, rechazó la salida alternativa para tres de los boleteros.
"Cada vez que el Servicio de Impuestos Internos presenta una querella criminal razonablemente aspira a la obtención de una condena, porque de otra forma resulta más conveniente, desde la perspectiva del erario fiscal, la búsqueda de una sanción pecuniaria, (...) porque las multas a las que en esa sede es posible aspirar exceden con creces los montos que aquí se han propuesto a través de la suspensión condicional", alegó el abogado Benjamín Ríos, representante del SII.
Dentro de los formalizados de hoy se encuentran Jaime Araya Guerrero, hermano del senador independiente Pedro Araya; y el periodista Claudio Canales, que trabajó para la campaña de la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá.
El Octavo Juzgado de Garantía también accedió a la suspensión condicional de la causa contra David Flores Orellana, dirigente del PPD que trabajó en la campaña de Eduardo Frei Ruiz-Tagle el año 2009 y también fue asesor de la alcaldesa de Santaigo, Carolina Tohá.
Inconsistencias del SII
En tanto, el fiscal regional, Pablo Gómez, acusó de inconsistencias en el actuar del Servicio de Impuestos Internos, y explicó que existen criterios claros para otorgar las salidas alternativas.
"En la argumentación ante el tribunal uno le hace ver que el servicio de impuestos internos ha tenido una postura para algunos imputados favoreciendo salidas alternativas y para otros, bajo las mismas condiciones, oponiéndose, de manera tal que alegamos esas inconsistencias para que el tribunal resolviera a favor de una salida alternativa", dijo el persecutor.
"Lo que hemos hecho en esta audiencia es sobre la base de criterios objetivos proponer salidas alternativas cuando la eventual pena que se podría aplicar no supera la de los tres años", añadió Gómez.
La Fiscalía pidió aumentar el plazo de investigación del caso SQM, ya que en abril de 2017 se cumplen dos años de indagatoria, que es el tope legal que impone la ley para esto, por lo que se está avanzando en una serie de aristas donde se investigan más de 200 personas.
Según señaló el fiscal Gómez, se están tomando decisiones en torno a cada una de estas y no descartó incluso citar a declarar nuevamente a alguno de los imputados, tanto de la arista de la precampaña de Michelle Bachelet, la arista del PPD y la arista que involucra a Marco Enríquez-Ominami y a otros políticos.
