La vocera de Gobierno, Paula Narváez, recalcó que toda la información de los gastos de la campaña presidencial de Michelle Bachelet fue entregada de forma "transparente" al Servel.
Tras conocerse que el fiscal Pablo Gómez pidió en septiembre pasado el detalle de los gastos, la ministra aseguró que "el Gobierno no puede ni debe referirse a un proceso que desarrollan dos entidades autónomas del Estado. El Gobierno respeta el trabajo y la autonomía de las instituciones, eso es lo que corresponde en todo estado de derecho".
"Por supuesto que toda la información está transparente, está debidamente entregada al servicio correspondiente. Por lo tanto, cualquier juicio respecto de aquello lo tienen que dar las instancias que corresponden", añadió.
Por su parte, el fiscal Manuel Guerra explicó que no se está investigando al operador político Giorgio Martelli por este hecho, sino que solamente se busca esclarecer una posible relación entre Asesorías y Negocios (AyN) con Ripley.
"Nosotros no tenemos una investigación en contra de Giorgio Martelli, él no es imputado, está imputado en la causa Soquimich, con nosotros declaró", dijo.
"Lo que nos ha quedado claro a partir de sus declaraciones es que en definitiva él no habría tenido participación en ciertos hechos, habría sido una suerte de intermediario y nosotros lo que indagamos ahí son situaciones ocurridas con la empresa Ripley", precisó el fiscal.
Guerra aseguró que "nosotros por lo tanto no indagamos campañas, indagamos empresas y eventualmente a personas que facilitaron facturas".
UDI: Nadie puede estar por encima de la ley
Desde la UDI, el diputado Jaime Bellolio manifestó que los casos de financiamiento irregular de la política son transversales a toda la clase política.
"Todos apuntaban con el dedo a la UDI, todos apuntaban con el dedo solamente a un partido y resulta que esta era una cuestión transversal. Aquí nadie puede estar por encima de la ley, tenemos clarísimo que el financiamiento no fue de manera regular", señaló.
Mientras tanto, Guido Girardi (PPD) sosutvo que "es más bien la obligación del Ministerio Público investigar y el costo que tendría una Presidenta es que por ser Presidenta no se le investigara. A mí me parece que da una señal muy importante para el país, para el mundo".