El abogado Mauricio Daza, querellante en el caso SQM en representación de la Fundación Ciudadano Inteligente, afirmó que el fiscal Pablo Gómez se ha dedicado a "desmantelar" el proceso.
Luego de conocerse la solicitud de Gómez para que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago sobresea a 58 imputados, Daza afirmó que "aquí se aplica la prescripción a la rápida, sin investigar y establecer la verdad de todo lo sucedido respecto a esta supuesta red de corrupción".
Con ello, "lo que se hace es la imposibilidad de seguir investigando este ámbito", señaló el letrado en conversación con La Historia en Nuestra de Cooperativa.
"No existe voluntad de investigar la verdad"
"Acá no existe la voluntad, a mi juicio, de investigar toda la verdad de lo sucedido", continuó el jurista, y aseguró que "desde que Pablo Gomez es designado hace dos años como la persona a cargo de la investigación -reemplazando sin ninguna explicación a Emiliano Arias, que era un fiscal que había manifestado su voluntad de llevar esto a juicio y profundizar la investigación- lo que se ha hecho es desmantelar el caso".
"Lo que se dice (desde la Fiscalía) es: 'Mire, acá tenemos mucha gente (imputada) y vamos a transformar (el caso SQM) en pequeños casos, y los vamos a ir cerrando uno a uno; lo vamos a deshuesar y lo vamos a matar, y así no vamos a establecer, por ejemplo, si es que estos dineros llegaron o no a una campaña presidencial", afirmó Daza.
"Si el caso Odebrecht hubiese sido investigado en Chile...."
El querellante indicó que si el caso Odebrecht -escándalo de corrupción que ha afectado a gran parte de Sudamérica- "hubiese sido investigado por la Fiscalía del Ministerio Público de Chile, probablemente habría terminado sin ningún imputado, sin ninguna persona que hubiera enfrentado un juicio oral y la empresa seguiría haciendo buenos negocios".
"Incluso es más", agregó Daza: "SQM, como empresa imputada por todos estos hechos de soborno, a instancia del propio Pablo Gómez, garantizó impunidad a cambio de un pago de una multa que equivale a una fracción de sus operaciones diarias, lo que es bastante escandaloso".
"Usted, para aplicar la prescripción, tiene que investigar (...), porque resulta que si se investigan todos los hechos puede descubrir que existe algún antecedente que interrumpa la prescripción que se reclama o existan nuevos antecedentes que dan cuenta que ya no estamos frente a un delito tributario, sino que podemos estar frente a otras figuras que, por su naturaleza o penalidad, podrían no ser aplicables la prescripción", acotó.
"Multas equivalen a una fracción de las operaciones diarias"
"Finalmente se llega a un acuerdo -que entiendo que el Consejo de Defensa del Estado va a apelar- y se le dice a la empresa: 'Mire, a usted lo descubrimos sobornando a las más altas autoridades de la República para obtener un régimen tributario más favorables para usted, que logró conseguir por esta vía ilícita. Usted me paga una multa, pero el régimen tributario, obtenido ilícitamente, se va a mantener en el tiempo'", criticó.
"Eso (el beneficio) no cambia, y la multa equivale a una fracción que usted realiza en operaciones día a día y, ojo, que el 40 por ciento de las operaciones de SQM deriva de la extracción y explotación de la propiedad pública en el Salar de Atacama", cuestionó el abogado.
Tras la solicitud del fiscal, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago fijó la audiencia de sobreseimiento para el 22 de marzo, oportunidad en que se terminará la investigación contra personas ligadas al ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, entre ellas su hermano Francisco; a la Presidenta Michelle Bachelet, al ex ministro Pablo Longueira, como su hijo José Tomás; y al actual senador Fulvio Rossi.