El Tribunal Constitucional denegó el intento del exsenador Pablo Longueria (otrora histórico militante de la UDI) de impugnar la norma que lo obliga a asistir a diario al juicio por el caso SQM, que -tras ocho años- partió el 13 de febrero.
La Primera Sala del TC -con los votos de los ministros Nancy Yáñez, Rodrigo Pica y José Ignacio Vásquez y la disidencia de Miguel Ángel Fernández- declaró inadmisible el requerimiento de la defensa, que apuntaba contra los artículos 141, inciso final, y 285, inciso 1º, del Código Procesal Penal, que "obligan a acusado a asistir al juicio oral bajo amenaza de prisión preventiva", de acuerdo con El Mercurio.
El abogado de Longueira, Alejandro Espinoza, argumentó que el Tercer Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Santiago proyectaba que el proceso duraría "entre 18 a 24 meses", y que el hecho de que las audiencias son "todas las semanas, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas", podría terminar afectando "desproporcionadamente -y así, de forma contraria a la Constitución- la libertad personal y la libertad de trabajo" del acusado.
El Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, en sendos escritos, habían solicitado que se declarase inadmisible el requerimiento por carecer de "motivo plausible", ya que no existe un conflicto de constitucionalidad y las pretensiones de la defensa "son resorte del tribunal ordinario ante el cual se desarrolla el juicio".
Igualmente sostuvo que el vínculo detectado respecto de Longueira y otros imputados en la investigación, como el exgerente general de SQM Patricio Contesse -encausado por delitos tributarios y soborno-, justifica que todos deban enfrentar juntos el juicio y su consecuente extensión en el tiempo.
En esa línea resolvió el TC, que consideró que el asunto le puede corresponder a la justicia ordinaria y que el precepto constitucional cuestionado garantiza el derecho a la defensa, por lo que no hay motivos para su inaplicabilidad.
"El proceso se ha tornado completamente ilegítimo, vulnerando las garantías básicas del debido proceso, imponiendo a nuestro representado cargas y obligaciones que exceden la pena solicitada por el Ministerio Público", fustigó el abogado Espinoza tras la negativa.
Por ello, advirtió que "no descartamos recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
El también otrora ministro y precandidato presidencial arriesga dos penas de 818 días por el delito de cohecho.
