"Avanzar" en la gratuidad de la educación superior y la "muerte política" para quienes sean condenados por delitos, además de cambios a la Ley Antiterrorista, son algunas propuestas que el senador y candidato presidencial independiente Manuel José Ossandón (ex RN), presentará en los próximos días.
El texto programático, al que accedió el diario El Mercurio, tiene como título "Por un Chile Diferente" e incluye 10 medidas, que cruzan áreas como la educación, la seguridad ciudadana, la vivienda y la corrupción en la política.
En el documento, el ex alcalde de Puente Alto identifica a la "lejanía", el "individualismo", el "abuso", la "indiferencia" y la "incertidumbre" como "síntomas del país", y propone conceptos base como "un Chile para vivir mejor", "donde exista confianza".
Sobre la gratuidad, dice: "Mantendremos los niveles de beneficiarios que hoy existen, de tal modo que nadie que hoy tiene el beneficio lo pierda".
El senador se desmarca del ex Presidente Sebastián Piñera y plantea "terminar con la gratuidad por glosa", pero para "formalizarla" convocará a expertos para estudiar "a qué velocidades y a qué niveles de cobertura" se puede acceder en años venideros, a objeto de seguir "avanzando", indica el matutino.
Contra la corrupción
Enfatizando la necesidad de normas pro transparencia, el texto de Ossandón subraya que "no es posible alcanzar mejores condiciones de vida para un país si sus instituciones son defectuosas o presas de la corrupción, deslegitimidad y la arbitrariedad" y "en esta crisis ninguna institución se salva".
Según consigna El Mercurio, el legislador define "diez medidas para terminar con la corrupción y los conflictos de interés", dentro de las que destaca que "el Presidente de la República, los parlamentarios y las autoridades (...) que hayan sido condenados en causas de simple delito o criminales serán inhabilitados de manera perpetua para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular".
En tanto, en materia de seguridad, el parlamentario propone crear una Central contra el Crimen Organizado, que persiga, por ejemplo, delitos relacionados con lavado de activos y trata de blancas y cambios a la Ley Antiterrorista "para aclarar en qué motivos se puede utilizar", resguardando los derechos de los involucrados.