La iniciativa avanzó tras una votación dividida, con cuestionamientos de la oposición por eventuales “amarres” administrativos.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, indicó que el mayor gasto involucrado “está en la cota inferior de lo que ha sido tradicionalmente la ley de reajuste”.
Tras varias horas de discusión, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó en general el proyecto de reajuste al sector público, dando luz verde a la idea de legislar pese al voto en contra de los parlamentarios de oposición.
La votación se realizó de manera nominal, con el rechazo de los diputados Felipe Donoso, Miguel Mellado, Agustín Romero, Frank Sauerbaum y Gastón von Mühlenbrock, mientras que el oficialismo logró la mayoría necesaria para permitir que la iniciativa continúe su tramitación.
El presidente de la comisión, el diputado Boris Barrera (PC), señaló que el objetivo ahora es avanzar en la revisión de los 129 artículos que componen el proyecto.
Una parte importante de ellos, especialmente los que no generan controversia, será votada en bloque durante esta semana, mientras que los puntos más sensibles quedarán para la próxima sesión.
Entre las materias más resistidas se encuentran las normas que exigen fundamentar administrativamente las desvinculaciones y el financiamiento del reajuste, aspectos que seguirán concentrando el debate político, siendo catalogadas como normas de "amarres".
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, respondió a las críticas y reconoció que: "Hay elementos que son distintivos de forma negativa de este proyecto, para ser bien transparente, que tiene que ver con no haber inflactado".
Además, aseguró que "por el lado de lo que implica de mayor gasto esta ley de reajuste, estamos en la cota inferior de lo que ha sido tradicionalmente la ley de reajuste. Eso incluso si uno hace el zoom comparando con los gobiernos de transición. El único gobierno de transición que dejó una carga menor es la transición que existió desde la presidenta Bachelet al presidente Piñera".
Grau añadió que: "Estamos dejando una situación de menos carga fiscal cuando uno lo pone respecto al tamaño de la economía", afirmó, recordando además las reasignaciones superiores a 2.000 millones de dólares que el actual gobierno debió realizar para financiar la PGU, aprobada sin provisión suficiente en la administración anterior.
La aprobación en general permite que el proyecto siga su tramitación en particular, instancia clave para definir el futuro del reajuste del 3,4% y de las normas misceláneas asociadas, antes de su eventual paso a la Sala de la Cámara.
