Proceso del año pasado reveló infracciones o problemas que impiden el acceso efectivo a la información.
El Consejo para la Transparencia entregó detalles de su proceso de fiscalización municipal en transparencia 2021, mediante el cual se analizó una serie de aspectos asociados a transparencia y la revisión de solicitudes de acceso a información enviadas a los 345 municipios del país. El informe reveló entre otras cosas problemas en la calidad de la información que entregan los municipios.
En cuanto a los requerimientos efectuados por el Consejo a los municipios bajo la metodología de "usuario simulado", se evidenció un alto nivel de éxito en el ingreso y respuesta a la solicitud. Sobre este proceso el presidente del organismo, Francisco Leturia, destacó la mejora en el registro comparado con el del año 2020 señalando que "es una buena señal".
Sin embargo, en el 73% (255 municipalidades) se identificaron "infracciones o problemas asociados a la calidad del contenido que impiden el acceso efectivo a la información", ya sea porque la respuesta era incompleta, se entregó fuera del plazo legal o bien, en un formato diferente al solicitado, entre otras situaciones.
Frente a esta situación, Leturia señaló que "detectamos importantes carencias en la calidad de la información que se entrega, como por ejemplo en 131 casos hubo problemas de formato y 28 municipios respondieron fuera de plazo. Lo anterior también obstaculiza a las personas su derecho a saber, por lo que debemos trabajar con los municipios para que no se queden en la formalidad en algunas materias, sino que tengan y muestren la voluntad de transparentar la información que la ley les exige entregar". La calidad de la información es tan importante como el acceso a ella".
En relación con la línea de "transparencia activa" que también se revisa en el marco de la fiscalización del organismo, se logró verificar la disponibilidad de una parte importante de los antecedentes que exige la ley en la web de los municipios, registrándose un promedio de cumplimiento general del 72%.
Los promedios más bajos se identificaron en dos ítems: en el que se deben disponer y mantener actualizados antecedentes sobre actos administrativos como convenios, ordenanzas o concursos públicos con el 46%, y en el que se publican normas y leyes que rigen a la institución con el 30% de cumplimiento.
"Estos resultados permiten concluir que hemos avanzado en los mínimos, pero ese piso es insuficiente. Como Consejo queremos poner el acento en que la transparencia es un antídoto contra la desconfianza y es una forma de proteger a las instituciones. El alto apego a la formalidad no basta si la información no tiene la calidad o todo el contenido que se espera y requiere", afirmó Leturia.
