"La gran mayoría de los constituyentes con los que he conversado está en una muy buena disposición", destacó el convencional y Premio Nacional de Humanidades.
Atisba consensos en temas clave, como pasar a un régimen semipresidencial, tener un Estado descentralizado y un robusto capítulo de derechos fundamentales.
A una semana de la primera sesión de la Convención Constitucional -el próximo domingo 4 de julio-, el Premio Nacional de Humanidades (2009) Agustín Squella, uno de los 155 ciudadanos electos para redactar una nueva Carta Magna que reemplace a la actual, vigente desde la dictadura cívico-militar, dijo que, tras conversar con sus pares "de las más diversas tendencias", cree no será difícil llegar a consensos en temas trascendentales.
"Mantengo mi preocupación por la desmesura, crispación, exigencias, afanes de figuración y cálculos personales. Pero, a la vez, al menos en privado, la gran mayoría de los constituyentes con los que he conversado está en una muy buena disposición y con clara conciencia de cuál es nuestra tarea", afirmó el convencional independiente, electo por el Distrito 7 en cupo de la Lista del Apruebo (ex Nueva Mayoría), al diario La Tercera.
A días de debutar como constituyente, el abogado porteño, doctor en derecho, periodista, escritor y académico de 77 años, uno de los principales nombres que ha sonado para presidir la convención -pese a que él dice que no cuenta con las capacidades para liderarla-, confesó sentirse "un poco abrumado por la responsabilidad" de escribir la nueva Constitución, pero optimista.
En este marco, contó que ha estado "leyendo, conociendo y conversando con otros constituyentes de las más diversas ideas, grupos y tendencias, e intercambiando ideas con la mayoría de los representantes de mi distrito".
Consultado respecto a qué sorpresas se ha encontrado en los diversos encuentros que ha tenido con sus próximos compañeros, Squella admitió que "con ninguna sorpresa en especial, salvo constatar que puede haber muchos más acuerdos de los que pensábamos sobre temas constitucionales importantes, como pasar a un régimen político presidencial moderado o semipresidencial, pero no parlamentario".
"También pienso que habrá acuerdo en un Estado unitario, es decir, no federal, aunque suficientemente descentralizado", expresó.
"Noto también consenso en un robusto capítulo de derechos fundamentales, incluidos derechos sociales, sin consenso en cuanto a las garantías o tutelas para estos últimos. Percibo una gran apertura a modalidades de democracia directa que complementen la democracia representativa que seguiremos teniendo. Un Estado democrático de derecho, desde luego, aunque muchos seremos de opinión que ese Estado debe ser también social", complementó.
A esto se suma, a su juicio, um "acuerdo también en una mejor distribución del poder político, tanto territorialmente como institucionalmente entre Presidencia de la República y Congreso Nacional. Considero que habrá acuerdo en la existencia de un control de constitucionalidad de las leyes, aunque con importantes modificaciones al Tribunal Constitucional o entregando ese control a la Corte Suprema".
Acerca de la redacción del reglamento de la convención, Squella subrayó que "será muy importante para nuestro trabajo y me gustaría que no demoráramos más de un mes en tenerlo listo y consensuado. Hay varios informes locales y documentos internacionales que podrían ayudarnos a hacer eso con prontitud".
Además, confesó no estar de acuerdo con eliminar la regla de los dos tercios fijado en el acuerdo de noviembre de 2019 -que activó el plebiscito constitucional de 2020-, ya que romper ese marco "sería una mala práctica, como las que venimos criticando hace mucho a la actual clase política".
"Ningún poder democrático puede funcionar sin reglas", advirtió.
La sesión inaugural de la convención tendrá lugar en la sede del Congreso Nacional en Santiago y estará dedicada a elegir a un presidente y un vicepresidente.
A partir de ahí, el órgano constituyente, compuesto de forma paritaria -algo inédito en el mundo- por 155 delegados, que incluyen a 17 representantes de pueblos indígenas, tendrá nueve meses -prorrogables en tres- para elaborar una nueva carta fundamental, que será sometida en 2022 a un referéndum con voto obligatorio.
