Suman y siguen las acusaciones desde la oposición contra el Gobierno por presuntamente estar vulnerando el principio de prescindencia por sus actuaciones en el marco de la campaña del plebiscito constitucional para favorecer al Apruebo, ya que este sábado se conoció del ingreso otras dos ante la Contraloría General de la República.
En detalle, se trata de dos denuncias que interpuso el último jueves el abogado Marcelo Brunet, integrante de la Comisión Política de Renovación Nacional, a las que accedió La Tercera; jurista que esta misma semana pidió al ente fiscalizador que indague al Presidente Gabriel Boric por supuestas "faltas" a la prescindencia.
La primera de ellas apunta al kiosco "Chile Vota Informado" instalado en la Plaza de la Constitución, que tiene como fin la entrega de ejemplares de la propuesta constitucional que será plebiscitada. En específico, reprocha que éste fue atendido en su inauguración por la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, la de Desarrollo Social, Jeanette Vega, y la subsecretaria secretaria general de Gobierno, Valeska Naranjo.
El jurista planteó que las funcionarias, durante sus jornadas de trabajo como servidoras públicas, se encargaron de realizar una actividad "de gran difusión pública" sobre el texto que se plebiscitará, acciones que "exceden con creces las atribuciones y facultades que la ley confiere a las titulares de esos cargos ministeriales".
Que el puesto haya sido atendido en horario laboral por las integrantes del gabinete ministerial constituye "un atentado a la neutralidad que deben observar las autoridades, sobre todo cuando se trata de una elección tan importante como la que se celebrará el 4 de septiembre", según el abogado derechista, y -prosigue- "da cuenta de una actividad que las pone al margen de la ley, atenta contra los procesos electorales transparentes y viola las instrucciones impartidas por este órgano contralor en materia de prescindencia de las autoridades en los procesos electorales a las que deben sujetarse las autoridades que gobiernan el país".
La segunda denuncia refiere a la difusión de declaraciones del seremi de Salud del Biobío, Eduardo Barra, sobre que supuestamente autoridades fueron "mandatadas" por el Presidente Boric para "impulsar el Apruebo", palabras que formuló a fines de abril, pero que fueron difundidas esta semana en redes sociales.
Los dichos "son del todo graves ya que reconoce claramente haber sido mandatado por el Presidente de la República para realizar actividades en favor del texto a plebiscitar, situación nunca conocida respecto de la máxima autoridad del país, en orden a instruir a las autoridades de su confianza a desplegarse en campañas por opciones electorales afines al gobierno", acusó Brunet.
Por este caso, el escrito pide a Contraloría que fiscalice tanto al seremi como al propio Mandatario, a la ministra de Salud, Begoña Yarza, y a todas las autoridades designadas o nombradas por el actual jefe de Estado en el Minsal.
Esta misma semana la Subsecretaría de Salud Pública instruyó un sumario para "investigar a cabalidad" las declaraciones de Barra, "en base al cumplimiento irrestricto por parte del Gobierno al dictamen de la Contraloría respecto a la prescindencia".
