Mañana martes, a la medianoche, vence el plazo establecido por la Convención Constitucional para que los distintos colectivos presenten sus propuestas de normas transitorias a la comisión a cargo de los artículos que regularán, en caso de que triunfe el Apruebo, la transición entre la Carta Fundamental actual y la nueva.
Pese a que hoy no hay sesiones formales de las tres comisiones que existen en la etapa final del trabajo de la convención -Armonización, Preámbulo y Normas Transitorias-, los convencionales se trasladaron esta mañana al Palacio Pereira, sede alternativa del órgano redactor, para sostener una serie de reuniones que tienen como propósito acordar una forma consensuada de enfrentar el trabajo clave de esta semana.
La duración de los mandatos de los senadores electos en 2021 y la propuesta emanada de la Contraloría General sobre la posibilidad de habilitar al Presidente de la República para que pueda adecuar normativas a la nueva Constitución mediante decretos con fuerza de ley (DFL), con miras a dictar algunas leyes que el Congreso no tramite o despache en tiempos definidos, son dos de los principales nudos que se ha tomado el debate en el marco de las normas transitorias.
Si bien la propuesta sugerida el miércoles pasado por el contralor general, Jorge Bermúdez, fue respaldada por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson (Revolución Democrática), también recibió un portazo por parte de integrantes del Parlamento, incluida la negativa del presidente del Senado, Álvaro Elizalde (Partido Socialista), quien aseguró que "las dictaduras legislan por decreto".
Al respecto, el ex vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa (Independiente-Frente Amplio), estimó hoy que "en la medida que sea una delegación y una autorización desde la Constitución al Presidente que sea delimitada, excepcional, sólo para algunas materias en las cuales ya hay legislación vigente y sólo para adecuar el contenido de esa legislación a lo que diga la nueva Constitución, me parece que puede ser una alternativa razonable. No lo veo como algo extraordinario".
"Hay una discusión política importante que dar; esta es una discusión, diría yo, de nivel nacional, en la cual debieran participar la mayor cantidad de actores posibles", señaló el abogado constitucionalista.
De todos modos, Bassa considera que "es muy desproporcionado compararlo con los decretos que se dictan en contextos autoritarios o durante las dictaduras".
En El Primer Café, de Cooperativa, el convencional Patricio Fernández (Independiente-Partido Liberal), entregó su postura sobre el rol de los DFL: "Entiendo que va a haber necesidades, y entiendo también que el contralor a eso se refería cuando planteó esto y lo tomaron mal, lo potenciaron de una manera muy torpe en el mundo político... En casos puntuales, ¿va ser necesario para mantener el funcionamiento de las instituciones, para mantener andando la república en algunos de sus aspectos, que se solucione de manera más rápida y concreta de ese modo? Es posible. Pero de ahí a imaginar que sea la manera de enfrentar la transición me parece completamente inaceptable", planteó el periodista.
GOBIERNO ADVIERTE "DISTORSIÓN" DE LA PROPUESTA
La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseveró que este caso corresponde a una de las veces en que "se levantan caricaturas a partir de declaraciones que nos llegan con el efecto del 'teléfono', en que el mensaje se tiende a distorsionar respecto a lo que originalmente se quería comunicar".
"El derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, todo eso va a requerir de reformas que pasan por el Congreso y se tienen que legislar sí o sí, y hay otras materias que probablemente requerirán una adecuación más rápida para darle continuidad a los servicios, para poder como Gobierno y como Estado convocar a licitaciones públicas, y que no queden entrampadas o trabadas por las adecuaciones que se tengan que hacer", explicó la ministra.
De todos modos, convencionales del propio Partido Comunista -en el cual Vallejo milita- han señalado que está dentro de la idea dotar al Presidente de la República de atribuciones para firmar DFL en materia de legislación sobre educación y salud, como Marcos Barraza.
"A mi entender, en salud, vivienda y pensiones debiese existir un mecanismo excepcionalísimo, y si el Legislativo no legisla en ese plazo, que pueden ser dos años -estamos hablando de plazos razonables, por lo demás-, el Ejecutivo tenga la atribución de promulgar ley con decreto de fuerza de ley", planteó.
Por otra parte, algunos proponen ponerle una especie de "candado" a la eventual Constitución para que al menos el Congreso actual no pueda hacerle reformas, o dar la opción de que lo haga en las materias que sean consideradas como necesarias.
SENADORES ELECTOS
Sobre la discusión de la duración de los mandatos de los parlamentarios electos recientemente, la convencional Constanza Hube (UDI) hizo un llamado a respetarlos y rechazó la idea de concluirlos de manera anticipada.
"Se presentó casi una nueva Constitución en normas transitorias con 302 artículos. Los temas que se rechazaron en lo permanente se están tratando de reponer en lo transitorio. Temas que son inadmisibles se pusieron igual y eso es lo que vamos a ver esta semana", dijo la abogada constitucionalista.
"Nosotros hicimos una propuesta de que se mantengan los períodos actuales, porque acabamos de tener una elección hace tan solo unos meses y me parece que cortar los periodos de senadores recién electos y de la Cámara de Diputados completa, me parece que sería un error", enfatizó la académica.
Su par de la DC Fuad Chahin coincidió en que "los senadores que fueron elegidos por ocho años debieran mantenerse en calidad de representantes de la Cámara de las Regiones hasta la elección siguiente de ella, que podría ser en el año 2028, para asumir en marzo del 2029".
"Es cierto: se les rebaja un año el mandato, pero creo que no es una afectación significativa, y por lo que he conversado con varios de los colectivos, están bastante de acuerdo", adelantó el ex diputado, de cara a la presentación de la norma en la comisión.