La Comisión de Armonización de la Convención Constitucional terminó este viernes su trabajo, con los últimos debates y votaciones que dieron paso al informe que será votado la próxima semana en el Pleno.
La ahora ex co-coordinadora de la instancia, Tammy Pustilnick, expresó que "no sólo termina el trabajo de la Comisión de Armonización, sino que termina la labor de la última comisión que estaba trabajando dentro de la Convención Constitucional. Estamos, por supuesto como coordinación, muy satisfechos con el resultado, no solamente porque cumplimos en tiempo, sino que también cumplimos en forma".
Además, informó que la próxima semana será presentado en el Pleno el informe final de la Comisión de Armonización, donde "efectivamente cumplimos con nuestro cometido, es decir, entregar un texto coherente y sistematizado a la ciudadanía para que sea finalmente sometido a Plebiscito el 4 de septiembre".
Daniel Bravo, también ex co-coordinador, indicó que "el quorum específico de aprobación de las indicaciones de Armonización era de dos tercios, y se consiguió, como en el 99 por ciento de las indicaciones que fueron presentadas, muy pocas fueron rechazadas, y esperamos que eso también se replique en el Pleno".
Al órgano constituyente le quedan dos semanas de trabajo y cinco sesiones plenarias, siendo uno de ellos el próximo jueves, cuando se votará la propuesta de la Comisión de Preámbulo. En tanto, el viernes 24 de junio se empezará a discutir el informe de la Comisión de Armonización, que será votado la última semana de este mes.
SIGUEN LAS DUDAS POR EL CONSENTIMIENTO A PUEBLOS INDÍGENAS
Se han generado algunas dudas respecto al requerimiento del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos originarios en aquellas materias en que se vean afectados sus derechos constitucionales, ya que se acusa que sería un tipo de "derecho a veto".
Natividad Llanquileo, convencional mapuche, explicó que "el consentimiento es algo que está garantizado en el derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas, que son normas obligatorias para el país, que venían con obligatoriedad desde hace mucho tiempo a este proceso constituyente, se le tiene que preguntar a los pueblos originarios respecto de materias que les afecten, no respecto de cualquier materia".
"Son en casos sumamente complejos, como son los desplazamientos que se tienen que hacer producto de proyectos gigantes, como lo es el extractivismo, como son las centrales hidroeléctricas u otros. No hay que tener temor a esto, de hecho, esto es algo que ya existe, y nosotros respetamos lo que dice el derecho internacional de los derechos humanos", apuntó.
