Una vez sistematizadas, las enmiendas se discutirán y votarán en particular en las cuatro subcomisiones, según corresponda.
El grueso de las propuestas fue presentado por sector, ante las importantes diferencias que han abierto temas como derechos sociales, sistema electoral y paridad, entre otros.
Los 24 miembros de la Comisión de Expertos Constitucionales ingresaron más de 900 enmiendas a las normas aprobadas en general por el Pleno.
Una vez sistematizadas, las indicaciones se discutirán y votarán en particular en las cuatro subcomisiones, según corresponda.
Para ser aprobadas las indicaciones, se requiere del voto favorable de 3/5 de los integrantes en ejercicio de cada subcomisión (cuatro de seis integrantes).
Recibidos los informes que elaborarán las subcomisiones, el pleno de la Comisión Experta discutirá y votará en particular los capítulos que conformarán la propuesta de texto constitucional.
El documento emanado tras la revisión y aprobación por parte del pleno, será el que se entregará al Consejo Constitucional que se elegirá en las urnas el próximo 7 de mayo para que trabaje sobre dicha base.
A diferencia de lo que ocurrió con las indicaciones por capítulo, anoche el grueso de las enmiendas fue presentado por sector -oficialismo y oposición-, ante las importantes diferencias que han abierto temas como derechos sociales, sistema electoral y paridad, entre otros.
En paridad, por ejemplo, la derecha propuso una norma según la cual el Estado debe promover la integración igualitaria entre hombres y mujeres en los órganos colegiados -como el Congreso Nacional-, pero sin imponer resultados.
La indicación del oficialismo, en tanto, garantiza la democracia paritaria en todos los órganos colegiados del Estado. Leslie Sánchez, designada por el PPD, detalló que "nosotros creemos que esa es la regla general que ya debemos continuar en la república de aquí en adelante, y presentamos una enmienda que garantiza una democracia paritaria, igualdad de participación de hombres y mujeres en todos los órganos colegiados de los poderes del Estado. Evidentemente acá hay una diferencia sustancial, lo cual es muy particular porque -en general- las parlamentarias y los parlamentarios de la derecha han sido siempre proclive a regular paridad, por lo tanto, es muy particular la posición que han tenido los comisionados expertos de la derecha en esta instancia".
En materia electoral también hay debate en torno al umbral del 5% de votación para que los partidos políticos puedan tener representación en el Congreso.
La oposición complementó esa norma y sugirió que la regla no aplique en caso de que la colectividad tenga escaños suficientes para sumar como mínimo ocho parlamentarios.
Además, con votos transversales, Paz Anastasiadis (DC) presentó una indicación que busca que los partidos que no alcancen el 5% de votos puedan constituir confederaciones.
Por otra parte, la oposición incentivó listas abiertas de candidatos, mientras que el oficialismo abogó por listas cerradas y sin pactos electorales.
"Entiendo que ellos quieren prohibir los pactos electorales. Nosotros no estamos haciendo eso; estamos permitiendo -tal y como existe hoy día- que existan pactos electorales y además estamos diciendo que el sistema electoral va a ser con lista abierta. Eso quiere decir que las personas van a poder seguir votando por el candidato de su preferencia y no solamente marcando por el partido", detalló Natalia González (UDI).
Además, González apuntó que "estamos proponiendo mantener el sistema proporcional, pero con una corrección muy importante que lo que hace es que las fuerzas que estén presentes en el Congreso el día de mañana sean fuerzas más centrípetas. ¿Cómo logramos eso? Decimos el sistema proporcional se mantiene, pero con una magnitud de distrito distinta, es decir, hoy día las magnitudes de distritos van hasta ocho, y nosotros las llevamos hasta cinco; de tres a cinco".
"Estamos presentando un sistema de listas cerradas que acompaña al umbral del 5% y establecemos también un formato, un sistema, que conversa de listas cerradas, que quiere decir que las personas votan por una lista y no un candidato en particular", explicó Antonia Rivas (CS).
En cuanto a escaños reservados, el oficialismo ingresó una enmienda para que existan asientos especiales para representantes indígenas en el Congreso. "La ley determinará su número en proporción a la población inscrita en un registro especial denominado Registro Electoral Indígena", señala el texto.
Por otra parte, respecto a la facultad presidencial de otorgar indultos, ésta no fue considerada en el texto que ya se aprobó en general, y ningún sector hizo indicaciones en la materia, por lo que no está contemplado en la redacción del anteproyecto. Sólo se presentó una en relación a los indultos generales que otorga el Congreso, el oficialismo hizo algunos alcances, indicando que los crímenes de lesa humanidad no podrán recibir indultos ni amnistía de ninguna clase.
Otro de los asuntos que ha causado más discrepancias entre los comisionados en los últimos días es la pugna respecto a la norma sobre la libertad de la elección entre un régimen de salud privado y uno estatal.
Al respecto, el oficialismo ingresó una enmienda para sustituir el literal a) del inciso vigésimo del artículo 17 por el siguiente: "El Estado garantiza el acceso a prestaciones suficientes y uniformes establecidas por la ley, resguardando a las personas de las contingencias de vejez, discapacidad, muerte, enfermedad, embarazo, maternidad, paternidad, desempleo, seguridad y salud, el trabajo doméstico, sin perjuicio del establecimiento de otras contingencias por ley. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias".
"Nosotros creemos en el derecho social a la salud tanto en materia psíquica como física, que la cotización es de cada persona y que tienen libertad de elección entre el sistema estatal y el privada. El sistema estatal incluso estamos dispuestos a fortalecerlo para que haya mayor competencia", sostuvo Teodoro Ribera (RN) .
La oposición, en tanto, presentó una enmienda que consagra que "el Estado deberá respetar el derecho de los cotizantes a elegir libremente la institución que administre sus ahorros previsionales y los fondos que generen, garantizando la propiedad, heredabilidad e inexpropiabilidad de los mismos".
"Lo que nos interesa es poder fortalecer este derecho, respetar la libertad de elección respecto del prestador y dejar al legislador para que pueda decidir la mejor forma de financiar ese sistema", indicó Alexis Cortés (PC).
Respecto a las enmiendas presentadas relacionadas al medio ambiente, Jaime Arancibia (RN) explicó que se ingresó "una serie de deberes de promoción del Estado para efectos de buenas prácticas en materia ambiental, y al mismo tiempo, una institucionalidad ambiental que lo que pretende es asegurar certezas en materia de evaluación de impacto ambiental, de modo que concilie no solamente la protección del medio ambiente, sino que la necesidad de conciliarlo con el desarrollo y la sostenibilidad".
Mientras que Alejandra Krauss (DC) sostuvo que "creemos que es un capítulo que era necesario incorporar principios, como el precautorio, la justicia climática, la justicia ambiental, la prevención, entre otros. En consecuencia, hemos fortalecido y profundizado el capítulo sobre medio ambiente, vinculándolo con el desarrollo y la sostenibilidad".
