La calidad de ciudadano se perderá en caso de "condena por delitos terroristas, de tráfico de estupefacientes o personas", dispuso una norma.
"Los tribunales no podrán definir o diseñar políticas públicas", establece otra enmienda visada durante esta jornada.
Un conjunto de materias relacionadas con la nacionalidad, la ciudadanía y medidas que deben adoptarse para llevar a cabo los derechos sociales de las personas fueron tratadas durante la cuarta jornada de votación del Pleno del Consejo Constitucional, que se desarrolló este viernes, en el marco de la discusión del Capítulo II sobre Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales.
La sesión sometió a votación los artículos del 17 al 29 bis y, entre los temas aprobados, se cuenta la indicación que establece que son chilenos los nacidos en nuestro país "con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena".
En el texto aprobado, además, se reforzó que la nacionalidad chilena se pierde, entre otros puntos, por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente y por decreto supremo, en caso de "prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados y por cancelación de la carta de nacionalización".
Asimismo, se aprobó que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Éstos podrán, también, tener "derecho a sufragio, optar a cargos de elección popular y a los que la Constitución o la ley confieran".
Por 36 votos a favor, 13 en contra y una abstención, se aprobó que la calidad de ciudadano se pierde, entre otras cosas, por "condena de delitos que la ley califique como conducta terrorista, y los relativos al tráfico de estupefacientes, trata o tráfico de personas". Además, se pierde por "los delitos que hayan cometido autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y que hubieren merecido, además, pena aflictiva".
Esto último fue calificado por la consejera Carmen Montoya (Partido Republicano) como "un avance y una innovación", ya que –dijo- "elevar los estándares, inhabilidades y sanciones a rango constitucional para combatir la corrupción, es algo fundamental para preservar el vigor y la salud de nuestras instituciones".
Por su parte, el consejero Alihuen Antileo (independiente-Pueblos Originarios) recordó que fue "apátrida" y que por ocho años tuvo esa condición junto a su familia.
"La nacionalidad es el vínculo con el Estado que otorga derechos políticos y sociales y, en ese sentido, quiero decir que eso es lo que está y va a quedar escrito, pero también es bueno reflexionar respecto a lo que no va a quedar escrito", expresó.
Un emotivo momento se vivió cuando en el marco del debate sobre ciudadanía el consejero Alejandro Köhler (Partido Socialista) recordó la importancia de los derechos políticos, en alusión a su salida del país al exilio tras el golpe de Estado de 1973.
"Solo con algunas maletas toda mi familia fue expulsada del país sin derecho a regresar, transformándonos -junto a miles de chilenos- en apátridas. Ser un apátrida, consejeros y consejeras, significa ser una persona que no es considerada como un nacional suyo por ningún Estado o país", relató Köhler.
Sus palabras tuvieron una inesperada respuesta por parte del consejero Paul Sfeir (Partido Republicano), quien llamó a la reconciliación: "No creo que haya en esta sala alguien que no se estremezca con la historia de vida de don Alejandro Köhler".
"Esas vidas nos tocaron vivir. Pero hoy estamos aquí, mirándonos frente a frente usted y yo y todos nosotros. Usted de un lado, yo del otro, pero juntos, con un mandato que nos exige entregar nuestras experiencias para que sí, para nunca más ni a usted ni a mí, o a quienes representamos, o a quienes nos adversan nos vuelva a ocurrir", añadió Sfeir ante el silencio de la sala, terminando con un abrazo entre ambos.
Otro de los puntos abordados y votados en el Pleno del Consejo Constitucional fue que el Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación. Esta norma fue aprobada por unanimidad.
Además, las y los consejeros de las bancadas de Chile Vamos y el Partido Republicano, al hacer valer su mayoría, aprobaron varios literales en relación a que para aplicar tales prestaciones se debe considerar "el desarrollo progresivo para lograr la efectividad de los mismos, el aseguramiento de un nivel adecuado de protección para cada derecho, la no discriminación arbitraria, y la responsabilidad fiscal y la satisfacción a través de instituciones estatales y privadas".
Se aprobó por unanimidad la norma del anteproyecto de la Comisión Experta que precisa que las medidas adecuadas para la realización de estas prestaciones serán determinadas por la ley y las normas fundadas en ella, y que para llevarlas a cabo "los tribunales no podrán definir o diseñar políticas públicas". También se aprobó que las personas que por "causa de actos u omisiones ilegales sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio" sobre tales derechos sociales podrán recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva.
Uno de los que intervino en este punto fue el consejero Miguel Rojas (Partido Republivano), quien indicó que "en un Estado de derecho, con separación de poderes, son los tribunales los encargados, en último término, de resguardar los derechos de las personas que recurren a ellos en búsqueda de justicia".
Tras la votación, la consejera María Pardo (Convergencia Social) señaló que en la actualidad, "en la Constitución del 80, sólo se puede recurrir ante tribunales si ciertos derechos se ven afectados. Sabíamos que eso era insuficiente y por eso es que el anteproyecto se hizo cargo de esta problemática; sin embargo, hoy, tras las normas que fueron aprobadas por las derechas, vemos que estos avances se ven seriamente limitados".
"Los derechos no pueden ser letra muerta. Quizá estas normas sobre garantías son más técnicas de cara a la ciudadanía, (pero) son muy importantes, porque lo que hacen es permitir que precisamente los derechos lleguen efectivamente a la ciudadanía y que cuando sean afectados esa afectación puede ser corregida", alertó.
Mientras que la consejera Kinturay Melin (Revolución Democrática) dijo que los tribunales siempre deben revisar cada caso en detalle, más todavía si se trata de asegurar los derechos sociales de los chilenos, en especial, los más vulnerables.
En la última se dio luz verde a los estados de excepción constitucional, punto en el que se modificó el anteproyecto para incorporar la grave amenaza terrorista como causal para establecer estado de sitio, lo que no fue apoyado por el oficialismo.
A esto se sumó -por unanimidad- la mención a los animales y con abstención del oficialismo, por considerarlo insuficiente, se visó la mención a las personas con discapacidad. Además, se incorporó la mención a los cuidados en el apartado sobre deberes constitucionales, aunque no como un derecho que fue lo solicitado por las autoras de la iniciativa popular de norma.
Por último, se aprobó la única enmienda de unidad de propósito ingresada en el pleno -hasta el momento- relacionada al derecho a la cultura, según la cual, entre otras cosas, el Estado promoverá y fomentará la actividad mediante distintos mecanismos de financiamiento.
