Este lunes a las 23.59 horas vence el último plazo para que las diferentes bancadas del Consejo Constitucional ingresen las enmiendas que serán discutidas en el segundo proceso de redacción de una nueva Carta Magna y el martes serán presentadas las iniciativas.
Existe una alianza entre Chile Vamos y el Partido Republicano -mayoría en el órgano ciudadano- para ingresar propuestas donde sus ideas comulguen, pero además llevan sus propios paquetes de proyectos con caminos separados, según dijo la consejera y presidente de Evópoli, Gloria Hutt.
"Cada uno quiere marcar un punto que refleje su propuesta de visión de país, con énfasis diferentes. En esas posiblemente vayamos separados. En algunas podemos ir Chile Vamos y Republicanos todos juntos, porque planteamos la misma propuesta desde nuestras campañas. Así que yo creo que cada grupo de enmiendas va a tener una estrategia de presentación distinta y en eso estamos ahora", señaló la constituyente y dirigenta opositora.
El consejero Luis Silva, militante republicano y primera mayoría nacional en la elección del 7 de mayo, comentó que tienen acercamiento con Chile Vamos al menos en cinco materias: pensiones, salud, educación, derecho a la vida del que está por nacer y Fuerzas Armadas y seguridad nacional.
"Estamos buscando espacios para ir juntos Republicanos con las bancadas de Chile Vamos, porque creemos que hay un efecto importante, comunicacional, en poder mostrarle a la ciudadanía que hay ciertos consensos en la derecha sobre cuáles son las características de esa visión país que deben plasmarse en una Constitución", señaló el constituyente.
"Hay varias materias en que tenemos puntos comunes, cuáles serán las que finalmente terminen cuajando en enmiendas compartidas es algo que va a resolverse con la redacción, porque puede darse el caso de que compartiendo la convicción, compartiendo aquello que creemos que es mejor para Chile, tengamos diferencias en cuál sea la redacción que más conviene y la presentaremos de manera separada si es el caso", adelantó.
Dentro de las medidas que destacó el consejero republicano como importantes para su bancada están restaurar el capítulo de las Fuerzas Armadas, proteger la vida del que está por nacer, proteger la propiedad y heredabilidad de los fondos de pensiones, así como la libertad del cotizante de elegir el administrador de los ahorros, sea público o privado; garantizar la libertad en elegir al sistema de salud y disminuir el número de diputados de 152 a 132, entre otras.
LAS PROPUESTAS DE CHILE VAMOS
Las dos bancadas de Chile Vamos -RN junto a Evópoli y la UDI por separado- siguen trabajando en la sede del Congreso en Santiago. Ambas van a presentar enmiendas por separado y algunas conjuntamente.
En la UDI adelantaron sus principales enmiendas, que incluyen el establecimiento del "libre, universal, igualitario y oportuno acceso" a la salud, el derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos, la propiedad de los trabajadores sobre sus ahorros previsionales y el derecho de los cotizantes a elegir libremente la institución que administre sus ahorros previsionales.
En materia de probidad, el gremialismo propondrá complementar y profundizar la norma sobre régimen general del empleo público e incorporar normas para velar por el buen uso de los recursos públicos.
En sistema electoral, buscarán consagrar la norma del umbral del 5% para los partidos políticos, incorporar la paridad de género de entrada en las elecciones parlamentarias, aumentar la edad requerida para ser electo Presidente de la República de 35 a 40 años y, al igual que los republicanos, la reducción del número de parlamentarios.
Respecto al último punto, el consejero UDI Edmundo Eluchans dijo que buscan velar por que los parlamentarios "sean personas que estén cerca de su gente" y que eso "requiere distritos más pequeños, donde sea menor el número de diputados que se elijan".
"Eso significa que vamos a hacer un redistritaje, encargándole al Servel que lo haga sobre la base de hacer una leve disminución del número de diputados. Estamos pensando entre 135 y 150 diputados, con distintos que elijan entre dos y seis diputados", explicó el constituyente.
En seguridad, la UDI pretende robustecer la Defensoría de las Víctimas, crear indemnizaciones para las víctimas de terrorismo, considerar la amenaza grave terrorista como causal para decretar el estado de sitio, la creación de un capítulo propio de las Fuerzas Armadas y dejar establecido que le corresponde al Estado regular el ingreso a su territorio, estableciendo, mediante una ley, las condiciones para una migración segura, ordenada y regular.
Mientras que en medio ambiente propondrá que por ley se permitan proyectos de desalinización para enfrentar la crisis hídrica.
Desde la bancada RN-Evópoli, en tanto, anunciaron 10 medidas, encabezadas por una agenda anticorrupción que incluye mayores exigencias para el ingreso al servicio público, muerte cívica a condenados a pena aflictiva por corrupción o terrorismo y la creación de una agencia anticorrupción.
También impulsan un capítulo de Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas; un capítulo de Seguridad Pública; consagrar la libertad de las personas para elegir en salud, educación y pensiones; medidas para modernizar el Estado, como el "fin al pituto" y una Alta Dirección Pública Autónoma; y la Sala Cuna Universal y Protección a la Maternidad; el "fortalecimiento de la identidad nacional" y el "respeto a la autoridad en todos los ámbitos"; equilibrios de poder entre el Parlamento y el Gobierno y políticas de grandes acuerdos; reforzar las decisiones locales para el desarrollo de las regiones; y mayor protección a la salud, permitiendo el acceso a medicamentos, cuidados paliativos e insumos médicos.
EL RIESGO DE UNA "CONSTITUCIÓN PARTISANA"
Las ideas del Partido Republicano no han sido bien recibidas por parte del oficialismo, que reprocha que la colectividad llegó con promesas de seguridad al Consejo y ahora está instalando una agenda política según sus intereses.
"El Partido Republicano hizo campaña ofreciendo terminar con la delincuencia, pero al Consejo Constitucional llegó con una agenda de temas electorales, una agenda valórica ultraconservadora y una agenda antitrabajadores", sostuvo el diputado del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri.
"Lo que plantea el consejero Silva podrá parecer popular pero una pésima idea para la democracia, porque implica aumentar la distancia entre representantes y representados y va en contra de lo que existe en las democracias más estables del mundo", coincidió la también diputada socialista Daniella Cicardini.
Agregó que "una nueva Constitución no solo se debe escribir con buena letra, sino también con criterio y tino político, y lo único que refleja es que los republicanos están proponiendo un nuevo sistema electoral no por el bien del país, sino con la calculadora en la mano y mirando sólo sus propios intereses".
Alejandro Köhler, consejero PS, lamentó "un verdadero bombardeo de iniciativas, de enmiendas, que hemos conocido por la prensa de parte de la derecha, que, a nuestro juicio, dañan, hieren y distorsionan profundamente el anteproyecto elaborado con tanto esfuerzo por la Comisión de Expertos".
"Ese camino sólo conduce a una Constitución partisana, que es precisamente el grave error que se cometió en el proceso anterior", advirtió.
A su vez, el consejero Julio Ñanco, de Revolución Democrática, espera "que la derecha idealmente pueda lograr ese acuerdo, que Chile Vamos pueda mesurar lo que pueda hacer Republicanos".
CONSULTA INDÍGENA
Otra situación que está apurando al Consejo Constitucional es la consulta de pueblos indígenas. El asunto se ha convertido en uno de los nudos que debe resolver la directiva del órgano constituyente, presidida por Beatriz Hevia (Partido Republicano), luego de que el consejero indígena Alihuen Antileo solicitara un pronunciamiento a la mesa.
Según Antileo, "hay dos o tres artículos del anteproyecto que tendrán un impacto en la vida y desarrollo de los pueblos indígenas", por lo que se hace necesario llevar a cabo una consulta indígena en conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual regula este tipo de instancias cuando una política pública o norma legal afecta a los pueblos reconocidos por los respectivos Estados.
"A mi juicio eso debe cumplirse y el Consejo tendrá que establecer los mecanismos mediante los cuales esa consulta se va a efectuar, porque si no nos vamos a encontrar que el texto que se proponga puede establecer una situación de ilegalidad y por lo tanto carecer de legitimidad que pudiera ser impugnada por distintas organizaciones ante tribunales internacionales o ante organismos internacionales", analizó el senador democratacristiano Francisco Huenchumilla.
Ante esto, el parlamentario advirtió que la situación "naturalmente crearía un problema político para el país, en orden a que en este proceso constitucional que reconoce expresamente al Convenio 169, no estaría dando cumplimiento".
