A partir de este lunes 4 de septiembre, todas las comisiones del Consejo Constitucional continuaron con las votaciones en particular de las normas, enmiendas y unidades de propósitos que se han ido alcanzando en torno al texto de propuesta de nueva Carta Fundamental.
En la víspera, y tras varias horas de revisión de las propuestas, la secretaria de la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado dio cuenta -en dos documentos ingresados- del contenido de un total de 23 enmiendas de Unidad de Propósito, donde se incluyen disposiciones transitorias; iniciativas firmadas por las bancadas de Renovación Nacional y Evópoli, la UDI y el Partido Republicano, las que fueron discutidas con las bancadas oficialistas integrantes del órgano.
Estas enmiendas de unidad de propósito corresponden al Capítulo IV del anteproyecto elaborado por la Comisión Experta, sobre Congreso Nacional. A lo anterior, se suma un conjunto de artículos -del mismo capítulo-, en que fue postergada su votación, las que se cierran el próximo 6 de septiembre.
En búsqueda de avanzar en los esquivos acuerdos al interior del Consejo, la mencionada comisión logró el fin de semana un diálogo que terminó con los republicanos retirando otra vez algunas de sus enmiendas controversiales, situación que fue valorada de manera transversal.
Dentro de las normas aprobadas durante esta jornada destaca una según la cual los culpables de las acusaciones constitucionales podrán ser candidatos a cualquier elección popular sin tener que esperar cinco años, a diferencia de la normativa actual. Como también se eliminó la pérdida de escaños el diputado o senador por expulsión de su partido, algo que está contemplado en el anteproyecto.
Dicha enmienda, propuesta por la derecha, fue aprobada en la comisión de sistema político con los votos en contra del oficialismo y la abstención de Gloria Hutt, consejera y timonel de Evópoli.
En tanto, la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos votó las disposiciones de su competencia, y aprobó una enmienda sobre migración relativa a que los migrantes que ingresen al país por pasos no habilitados deberán ser expulsados en el menor tiempo posible.
El consejero Luis Silva (Partido Republicano) explicó que "en ese sentido no cambiaría respecto de lo regula hoy la ley, eso es hoy día una falta administrativa, se ve administrativamente, se ha estudiado la posibilidad de tipificarlo como un delito".
"Nosotros no estamos haciendo eso con la enmienda que se aprobó, es simplemente establecer el deber desde la Constitución para la autoridad responsable, en principio el Ejecutivo, de devolver a su país inmediatamente una vez constatada la transgresión, si después el legislador decidiera transformarlo en un delito, evidentemente que habría que estarse al debito proceso penal", complementó.
Asimismo, se aprobó una enmienda impulsada por la derecha y con reparos del oficialismo, que consagra la objeción de conciencia personal e institucional.
CONSEJO ASESOR DE CONTRALORÍA Y CONCESIÓN DE HIDROCARBUROS
Asimismo, la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomoss se abocó a las normas correspondientes al Capítulo XI, sobre la Contraloría General de la República, y de la propuesta que busca crear el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas.
La instancia aprobó el Consejo Técnico Asesor que acompañaría a la Contraloría, una idea que había sido desechada previamente en la Comisión Experta, y no convence a los consejeros del oficialismo ni al contralor Jorge Bermúez, pero repuesta vía indicación por la derecha.
Dicho consejo tendrá cuatro integrantes (dos académicos de las facultades de derecho y dos de las facultades de economía y negocios).
La Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales también votó las normas, enmiendas e iniciativas populares de norma del Capítulo II del anteproyecto, que contiene los Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales.
En esta línea, se aprobó una norma propuesta por la oposición según la cual la Constitución permitirá concesionar hidrocarburos líquidos o gaseosos. "Ni Pinochet se atrevió a tanto en la Constitución del 80", deploró el oficialismo.
DEFENSORÍA DE LAS VÍCTIMAS
Una polémica se generó tras la aprobación -con votos de la derecha- del artículo que crea la Defensoría de las Víctimas, mediante un capítulo aparte, con votos de la derecha, mientras que el oficialismo se abstuvo debido a que no hubo votación separada por incisos, pues tenía reparos sobre uno relativo a una unidad especializada para cierto tipo de víctimas.
La consejera María Pardo (CS) precisó que "nos hemos referido a este inciso como aquel que se refiere a las víctimas VIP, porque nos parece que todas las víctimas son importantes, todas las víctimas requieren atención especial".
"Nos parece que la Defensoría de las Víctimas es una buena iniciativa y estábamos con toda la disposición a votarla a favor, porque contribuimos en la redacción y contribuimos con nuestra propuesta a que la redacción mejorara, y por lo mismo lamentamos la falta de nobleza que tuvo la derecha y en particular Republicanos para conceder este punto de permitir la votación separada", agregó.
Pardo recalcó que "es bastante mezquino de su parte y la impresión es que lo que estaban buscando es lograr hacer el punto de que (supuestamente) la izquierda no está de acuerdo con la protección de las víctimas".
Todo lo que ha sido aprobado en comisiones deberá ser refrendado en los próximos días en el Pleno del Consejo, donde la derecha igualemente tiene la mayoría necesaria para visar sus propuestas si Republicanos y Chile Vamos actúan en conjunto, con sus 22 y 11 escaños, respectivamente.
