La Comisión de Ética de la Convención Constitucional aprobó tipificar y sancionar en su reglamento el negacionismo respecto a crímenes cometidos por el Estado durante la dictadura de Pinochet y también en el estallido social.
Así, se estableció que aplicará a "toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo 1990", así como "las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social" desde octubre del 2019.
El debate en la instancia fue a ratos tenso.
A odo de crítica, la convencional UDI Katherine Montealegre dijo que le "llama la atención" que el ámbito de aplicación del negacionismo sea, a su juicio, "tan limitado, con un período y una fecha extremadamente ceñida en ambas definiciones".
"Eso lo digo porque recordemos que existieron violaciones a los derechos humanos antes del 11 de septiembre de 1973", aseguró la gremialista.
Molesta le replicó Damaris Abarca, independiente electa en cupo de Convergencia Social. Primero, apuntó que "lo que pasó en agosto del 73 fue un acuerdo político que trajo consecuencias nefasta para nuestro país", recordando que el día 22 de ese mes la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo mediante el cual declaraba un "grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República" en que habría incurrido el Gobierno de Salvador Allende, quien a las semanas iba a ser derrocado por Pinochet en el golpe de Estado.
"Te lo digo mirando a los ojos, a mí me descompensó que pongas en ese nivel de relativización los derechos humanos y de empate; es algo que por lo mismo hemos sido convocadas a escribir este comité de Ética, y poniendo obviamente atajo a ese negacionismo que busca empatar las cosas", fustigó la representante de O'Higgins.
La definición adoptada también incluye como negacionismo "toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice las atrocidades y el genocidio cultural de los que han sido víctimas los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente".
A pesar de la tipificación, la Comisión aún no establece cuáles sanciones se aplicarán a quienes eventualmente incurran en negacionismo dentro de la Convención.
