La Contraloría General de la República (CGR) ordenó iniciar sumarios administrativos contra las municipalidades de Pudahuel, Ñuñoa y Lampa por realizar actividades vinculadas al debate constitucional y el plebiscito del próximo 4 de septiembre.
"Teniendo en cuenta que los municipios se encuentran impedidos de utilizar sus bienes y recursos en fines distintos a los que la ley les permite, la municipalidad deberá instruir un procedimiento disciplinario, a fin de indagar los hechos mencionados y determinar las responsabilidades administrativas comprometidas al efecto", concluyeron los informes.
En el caso de Pudahuel, comuna liderada por el alcalde Ítalo Bravo (Igualdad), se detectó una publicación en la cuenta de Facebook del municipio con una gráfica que mostraba una comparación entre la Constitución actual y la propuesta de nueva Carta Magna, aunque de forma "maliciosa", según la persona que denunció el hecho.
Desde la administración argumentaron que se trató de una campaña informativa respecto a los contenidos de la nueva Constitución.
En Ñuñoa -municipio encabezado por Emilia Ríos (RD)-, en tanto, se presentaron dos denuncias donde se apuntaba al uso de recursos públicos para convocar en junio a una actividad asociada al proceso constituyente, en la Corporación Cultural de la comuna, la cual a juicio de los denunciantes tuvo un "claro sesgo" a favor de la opción Apruebo.
Ante esto, desde Ñuñoa explicaron que la Convención Constitucional contacto a los municipios mediante la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) para coordinar la realización de actividades informativas sobre su trabajo, por lo que se invitó a todos los convencionales del distrito aunque la mayoría no asistió por diferentes motivos.
Finalmente, en Lampa -cuyo alcalde es Jonathan Opazo (Ind.)-, se denunció que hubo una reunión que se organizó con una exconvencional, a la cual se invitó a las juntas de vecinos para participar del evento, pero que no habría sido "objetiva" en su exposición. La municipalidad respondió que la actividad fue para mantener informada a la comunidad sobre el proceso constituyente, con carácter "informativo, cívico y neutro".
Los municipios deberán adoptar un procedimiento disciplinario para indagar los hechos y determinar las responsabilidades administrativas.