La Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional sesionó esta jornada y votó en particular más de 400 de las 775 indicaciones presentadas a su informe.
Se aprobaron 12 artículos sobre las atribuciones del Congreso Plurinacional, la fiscalización de los actos de Gobierno, la potestad legislativa, los decretos con fuerza de ley, entre otros.
Además, se añadió un nuevo artículo sobre el Consejo Territorial. En total, se aprobaron 32 indicaciones.
El coordinador de dicha comisión, el constituyente Ricardo Montero (PS) explicó que "por lo que nosotros estamos viendo el sistema político en la actual Constitución es como un tercio de todos los artículos, y como la palabra lo dice, es un sistema, entonces cada indicación que votamos tiene un efecto, una repercusión en otras partes del contenido, por eso a veces la votación es un poco más extensa".
"Tenemos 700 indicaciones por votar, pero esto está estableciendo la base del primer informe que vamos a llevar al pleno", agregó.
Por su parte, la también coordinadora Rosa Catrileo (pueblo mapuche) sostuvo que con esta votación "se va configurando lo que es el Congreso, que era lo que todos estábamos esperando, vamos a ver después luego de terminada esta jornada, yo creo que ya vamos a tener definido lo que es esa parte, o muy avanzado en lo que es la tramitación de ley".
TRABAJO DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
La Comisión de Medio Ambiente discutió y votó nueve iniciativas constituyentes y tres iniciativas populares de norma, luego de que en el Pleno fuera aprobado solo un iniciso del primer informe de la instancia esta semana.
Entre las aprobadas en general está la que establece una propuesta de dominio minero, que en su primer artículo dice que "a la entrada en vigor de la presente Constitución se extinguirá la propiedad de las concesiones mineras", y que los titulares de las concesiones mineras vigentes tendrán un plazo de cinco años para adecuarse al nuevo régimen jurídico.
El grupo de trabajo visó además, por 13 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, una iniciativa de estatuto minero, que en su artículo sexto transitorio establece que, una vez promulgada la nueva Carta Magna, el Estado tendrá un plazo de un año para nacionalizar las empresas que trabajen con minerales metálicos, no metálicos y con hidrocarburos, entre otros, según lo determine el Presidente de la República.
Otra iniciativa aprobada establece que quedarán "sin efecto todas las concesiones mineras otorgadas bajo la vigencia de los códigos de minería de 1932 y 1983", y que se creará un sistema a cargo de Sernageomin para entregar licencias o permisos.
