El Pleno de la Convención Constitucional aprobó este jueves -de forma íntegra o parcial- 20 de los 58 artículos que contenía el informe entregado por la Comisión de Normas Transitorias, las cuales tienen como propósito dar gradualidad a la implementación de la nueva Constitución, en caso de ser aprobada en el Plebiscito de septiembre próximo.
Entre las más polémicas de las normas está la del quórum de dos tercios, que dictaminaba esta cantidad de votos para que el actual Congreso pueda hacer reformas constitucionales a la nueva Carta Magna, lo cual fue rechazado.
Aun así, no queda desechado, ya que aún le queda una instancia para retornar a la comisión y, posteriormente, al Pleno nuevamente.
En esta misma línea, también fue rechazado -y puede volver a comisión- es que todos los integrantes del Senado terminarán su mandato el 11 de marzo de 2026, independiente de la fecha de su elección.
El convencional Fuad Chahin (DC) dijo que "era esperable pero por distintas razones, algunos la rechazamos porque no estamos disponibles a cercenar la mitad del periodo de autoridades que fueron elegidas democráticamente, y otros porque están en la lógica del reseteo y que quieren ojalá elegirlo todo ahora ya y derogar todo al tiro con más bien una muestra de voluntarismo que de realismo y de responsabilidad democrática y de certeza jurídica".
Entre quienes votaron en contra está la Coordinadora Plurinacional y una de sus representantes, la convencional Tania Madriaga, sostuvo que se decidió votar en contra de "aquellas normas que estaban estableciendo el ritmo de trabajo y la forma en que se iba a organizar el sistema legislativo para procesar todo el conjunto de normas transitorias propuestas y las normas permanentes de la nueva Constitución. Creemos que está dándole un espacio demasiado amplio a estas instancias del poder constituido sin garantizar los derechos sociales".
En la misma condición quedó la norma que apunta a que si un año antes de la próxima elección no se han promulgado las modificaciones de la legislación electoral para habilitar el derecho a sufragio de personas de 16 y 17 años, el Servicio Electoral (Servel) deberá dictar las normas necesarias para su realización.
También fue rechazado que dentro de un año, desde la entrada en vigencia de esta Constitución, se convocarán a dos consultas vinculantes con el objeto de ratificar por parte de la ciudadanía la creación de la Región Autónoma de Chiloé y la Región Autónoma de Aconcagua, lo cual también vuelve a comisión.
Además, se rechazó que "los órganos del Estado deberán adecuar su normativa conforme a lo establecido en la nueva Constitución, dentro de un plazo no superior a 5 años desde su entrada en vigencia".
Desde Pueblo Constituyente, la convencional Camila Zárate señaló que "desde el primer momento dijimos como colectivo que no íbamos a aprobar esa norma, porque entendemos que no puede ser la regla general que todo tenga que ser congelado por cinco años, sino que hay normativas que son autoejecutables, que tenemos que empezar a darles operatividad a las distintas normas de la Constitución y que se entiendan derogadas por ser contrarias a la misma".
"Creemos que van de la mano todo el diseño político, esperamos que todo este se converse como un gran artículo. La discusión tiene que ver de fondo sobre si este Congreso actual debiera ser aquel que modifique los preceptos de la nueva Constitución", agregó.
El convencional Marcos Barraza (PC) indicó que "lo que ha ocurrido es que en la medida que se rechazó el artículo 2 que definía el tránsito entre la antigua Constitución y la nueva Constitución activó el rechazo de otras normas con el propósito de quienes la rechazaron de generar un escenario de negociación con miras al segundo pleno que es el próximo viernes. No creo que los resultados de hoy día evidentemente sean concluyente, son resultados transicionales como han sido mucho casos a propósito de que se generan condiciones desde quienes rechazan para negociar de mejor manera con miras al segundo pleno".
Desde medio ambiente, se rechazó también que con la entrada en vigencia de la Constitución, todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad, se considerarán, para todos los efectos legales, autorizaciones de uso de agua, según lo establecido en esta Constitución; como también fue rechazada la norma que dice que "consiguientemente, los hidrocarburos líquidos y gaseosos y el litio, no serán susceptibles de concesión minera y su aprovechamiento continuará haciéndose en la forma contemplada por el Artículo 8° de Código de Minería en vigor a la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución".
NORMAS APROBADAS
Entre las indicaciones aprobadas, hasta el momento, está que la o el Presidente de la República elegido para el período 2022-2026, es decir, Gabriel Boric, "no podrá presentarse a la reelección para el período siguiente y continuará en el cargo con las atribuciones constitucionales para las cuales fue elegido".
En este punto reaccionó el Mandatario a través de sus redes sociales y expresó que "es lo que corresponde".
Además, se estableció que la nueva Constitución entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial, dentro de los 10 días siguientes a su promulgación y, a partir de ese entonces, quedará derogada la Constitución Política de la República de 1980.
Por otro lado, el Presidente de la República deberá iniciar el trámite legislativo para adecuar la legislación electoral a esta Constitución en el plazo de un año desde su entrada en vigencia, según lo aprobado por el Pleno.
También se aprobó que el Presidente de la República deberá presentar proyectos de ley que tengan por objeto la creación, adecuación e implementación de los siguientes sistemas; Sistema de Seguridad Social y Sistema de Cuidados en el plazo de 12 meses, Sistema Nacional de Salud en el plazo de 18 meses y Sistema Nacional de Educación, Sistema de Educación Pública y Sistema Integrado de Suelos Públicos en 24 meses. Los plazos antes señalados se contarán a partir de la entregada en vigencia de esta Constitución.
La regla de paridad de género será aplicable a los órganos colegiados de elección popular a partir del proceso electoral nacional, regional y local que se lleve a cabo inmediatamente después de la entrada en vigor de esta Constitución, según corresponda.
Se aprobó además que "la Corporación Nacional del Cobre de Chile continuará ejerciendo los derechos que adquirió el Estado sobre la minería del Cobre en virtud de la nacionalización prescrita".
El último artículo en votación, que sostenía que la ley sobre neurodiversidad entraría en vigencia de forma gradual "según sean fijadas por el Congreso las correspondientes leyes en el plazo de dos años contados desde que se promulgue la Constitución", fue rechazado, de manera que sólo 20 de las 58 disposiciones del primer informe fueron aprobadas, y el resto volverá a comisión para su reformulación.