No hay acuerdo ni entre parlamentarios, ni entre las comunidades sobre la reforma de escaños reservados para pueblos originarios, que finalmente tampoco fue votada este miércoles en la Comisión de Constitución del Senado.
La instancia había optado ayer por decidir sobre el proyecto una vez que representantes de diversas comunidades indígenas fueran escuchados, pero con sus intervenciones las diferencias ante la propuesta que se evalúa para su inclusión en la Convención Constitucional quedaron aún más evidenciadas.
Desde las comunidades quechua de Arica a Antofagasta habló Wilfredo Bacián, quien pidió no votar la reforma aún, pues sin acuerdo podría fracasar en la Sala.
En esa línea, tras enfatizar que "no solo Chile despertó, sino que también los pueblos originarios hemos despertado", pidió consultar directamente a las comunidades sobre esta materia.
"Sacar al pizarrón a la derecha, haciendo fracasar a nuestros derechos como pueblos originarios, no es la primera vez que lo hemos visto, pero con nuestros derechos no se juega. ¿Entre octubre del 2020 y abril del 2021 no habrá tiempo para una consulta indígena? Las condiciones están dadas", planteó.
Se negó a esta idea Marianela Jopia, de la Red Nacional Diaguita, argumentando que "ya no se realizó, no se hizo la consulta previa. Ya no va a estar la condicionante del convenio, que es una consulta previa, libre e informada. Dicho esto, tenemos que estar en esta representación, pero en una representación en que se les dé real cabida a los pueblos".
Ante la exposición de Bacián, el senador Pedro Araya (Independiente) replicó que si la oposición hubiese querido sacar al pizarrón a la derecha arriesgando los intereses de los pueblos originarios podría haberlo hecho hace tiempo, y ese tampoco es el objetivo actual, sino que es llegar a un entendimiento que garantice la aprobación del proyecto, algo que fue ratificado por el presidente de la Comisión, Alfonso de Urresti (PS).
Cuestionan eventual segregación
En medio de la discusión, dicho parlamentario vivió un incómodo momento cuando la concejala aymara de Pica Catalina Cortés preguntó algo en el idioma de su pueblo, a lo que De Urresti respondió que "no tenemos traductor en la lengua que usted está hablando. ¿Qué quiere que le diga?".
"Esa justamente es la gran diferencia que nosotros vemos cuando se plantea un padrón especial segregado", respondió la concejala, ante la propuesta que impulsan desde el oficialismo: "Yo dije que si nosotros partimos desde un padrón especial, estaríamos segregando a los pueblos más pequeños".
Por otro lado, en una próxima sesión de la Comisión se revisará el otro aspecto de la reforma: el de la inclusión de personas en situación de discapacidad, con un número mínimo exigido en las listas de candidatos de los partidos o pactos.
En esa materia, el Gobierno propuso en esta jornada a los parlamentarios hacer exigible el 1 por ciento de los candidatos en ese estado a aquellos conglomerados y pactos que se presenten a entre uno y 15 distritos, y elevar a 3 por ciento esa exigencia si están compitiendo en 16 a 28 de los distritos a nivel nacional.
