El diputado Tomás Fuentes (RN) y la abogada Susana Salime Hiplan interpusieron una querella en contra del constituyente Rodrigo Rojas Vade (Pueblo Constituyente, ex Lista del Pueblo), quien mintió sobre tener cáncer, en la causa en que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte indaga el delito de perjurio.
La acción judicial fue presentada en la última jornada en el Séptimo Juzgado de Garantía, donde se señala que "esta querella se funda en el hecho de que en su Declaración Jurada de Intereses y Patrimonio emitida con fecha de 2 de agosto ya en pleno ejercicio de su alta función pública, trámite que por Transparencia y Probidad Pública es fundamental para la correcta asunción en el cargo que desempeña, cometió perjurio", según consignó El Mercurio.
Esto debido a que "reconoció una deuda de $27.000.000 con el Banco Scotiabank por concepto de tratamientos de quimioterapia contra el cáncer, lo que a la luz de los hechos relatados en su confesión, no puede sino ser una deuda falsa, que fue declarada fraudulentamente con el fin de esconder su mentira frente al electorado y a la fe pública".
La querella solicita una serie de diligencias que incluyen el requerimiento de información al banco del indagado, a la Comisión para el Mercado Financiero y a la Superintendencia de Salud.
Además, se expone que "la vulneración a la fe pública en este caso es particularmente grave, tanto por la alta connotación que tiene en la opinión, y tanto por los efectos incalculables que produjo en los resultados electorales por medio del engaño y el fraude".
"Todos los ciudadanos son víctimas de un delito contra la fe o la probidad pública, entonces la ley establece un amplio marco para que cualquier ciudadano pueda querellarse contra el funcionario público que cometa un delito contra esta y la historia de la ley así lo deja en claro", agrega.
En tanto, el abogado defensor del conocido como "Pelao Vade", Tomás Ramírez, descartó la existencia del delito de perjurio, por lo que presentó una solicitud de "inadmisibilidad por carecer de legitimidad activa" contra la querella del diputado de RN, ya que "la obligación legal fue cumplida al señalar el monto de sus deudas, pues no se exige informar el origen" y que "existe una infracción administrativa que deberá ser sancionada, pero no estamos en presencia de un delito".
