Este martes, a partir de las 09:30 horas, sesionará el Pleno del Tribunal Constitucional para resolver el requerimiento presentado por la oposición contra siete de los 13 indultos que otorgó el Presidente Gabriel Boric a fines del 2022.
La impugnación apunta al beneficio dado a Luis Castillo Opazo -el autoproclamado "insurrecto"- (38), Brandon Rojas Cornejo (22), Bastián Campos Gaete (23), Jordano Santander Riquelme (38), Claudio Romero Domínguez (21) y Felipe Santana Torres (22), condenados por delitos vinculados a hechos violentos durante el estallido social; y al exfrentista Jorge Mateluna, quien purgaba una pena de cárcel por el asalto a un banco -delito que él ha sostenido que no cometió-.
Respecto a los seis primeros -en los que también existen antecedentes penales previos a la crisis social-, según se supo la semana pasada, pesaban informes negativos de Gendarmería sobre la pertinencia de darles la libertad; y solo en el caso de Mateluna la evaluación era positiva y favorable a que recibiera la prerrogativa presidencial.
En la víspera a la esperada decisión, el diputado Miguel Mellado (RN) adelantó que "si mañana el Tribunal Constitucional declara que los indultos que se dieron son inconstitucionales, yo diría que ni siquiera necesitamos comisión investigadora, (sino que) vamos derecho a la acusación constitucional".
El legislador refirió a la instancia parlamentaria que se instalará precisamente mañana martes para indagar sobre el procedimiento y los fundamentos que llevaron al Mandatario a otorgar los beneficios.
En el caso de que el TC acoja la acción opositora, "hay un tema claro de que el Presidente (eventualmente) no cumplió la Constitución y nosotros somos quienes tenemos que estar fiscalizando que se cumpla", advirtió.
"Sabemos que la decisión del Tribunal Constitucional va a ser fundada, y confiamos en el criterio de los jueces y juezas, que incluso están pidiendo más antecedentes a propósito de contradicciones en el propio Ejecutivo", recalcó la senadora Paulina Núñez, correligionaria de Mellado.
La parlamentaria apuntó que han llevado los requerimientos ante la instancia "pensando en el bien del país, y lo que pueden hacer ahora diputados y senadores debe ceñirse a aquello que termine resolviendo el Tribunal Constitucional".
"Sin perjuicio de aquello, los chilenos y chilenas saben que esta fue una decisión errada, pensando de manera ideologizada, y eso es precisamente lo que debemos abandonar", agregó.
GOBIERNO SE COMPLICA CON "CONTRADICCIONES"
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), afirmara anoche en "Tolerancia Cero" de CNN Chile que "el Presidente tuvo a la vista los antecedentes de las personas que iba a indultar", incluyendo aquellos que dabatan desde antes del estallido social; una declaración que contradijo lo que había planteado, por ejemplo, la ministra vocera, Camila Vallejo (PC), en enero, de que "si el Presidente hubiera tenido todos los antecedentes a la vista, la situación hubiese sido distinta".
Consultado hoy, Monsalve apuntó a bajarle el perfil al episodio.
"Creo que he sido bastante claro. No soy el ministro de Justicia, y el Presidente ha encargado el tema de los indultos de manera precia y particular al ministro Luis Cordero. Yo me he referido, y lo he vuelto a reiterar, respecto a lo que el propio ministro de Justicia ha informado y reiterado a la opinión pública, de que todos los antecedentes de las personas indultadas estaban en los expedientes de Gendarmería, y que el conjunto de antecedentes que se ponderan para tomar una decisión de indulto, además, quedan reflejados en los decretos", sostuvo.
En La Moneda, Cordero aseguró que la ministra Vallejo nunca habló sobre una presunta irregularidad en los procesos administrativos, por lo que descartó que haya existido alguna contradicción entre ambas declaraciones.
"Para ser completamente justos con las declaraciones de la ministra Vallejo, les recomiendo que revisen íntegramente esas declaraciones. Ella nunca se ha referido a la irregularidad de los procedimientos administrativos y, por el contrario, siempre ha señalado que estos se han encontrado adecuadamente instruidos. Esa es su declaración de enero; esa es la declaración que nosotros hemos sostenido hasta ahora", recalcó el titular de Justicia.
Más tarde este lunes, la vocera de La Moneda evitó hablar de contradicciones en los indultos presidenciales: "Lo que puedo señalar es, uno, las consecuencias políticas están a la vista, sucedieron en nuestro país, y, luego, lo que corresponde al tema en cuestión que ha presentado la oposición, sobre el proceder, si esto estaba bajo la Constitución y las leyes, es algo que hemos defendido y que está radicado en el Tribunal Constitucional", en una rueda de prensa en la sede de Gobierno.
"El subsecretario Manuel Monsalve el día de hoy, además, aclaró lo que quiso señalar, y tiene que ver con que todos los antecedentes para este procedimiento -que es, además, una facultad delegada al Ministerio de Justicia- radicaron en los expedientes de Gendarmería", añadió.
PS ACUSA A LA DERECHA DE "BLOQUEAR" AGENDA DE SEGURIDAD
El tema de los indultos sigue cruzando la agenda de seguridad, que fue abordada esta mañana en la reunión que tuvieron en Palacio la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), y la bancada parlamentaria del Partido Socialista, que acusó a la derecha de "bloquear" legislativamente los proyectos en la materia.
"La oposición no deja argumento por usar para bloquear la agenda legislativa por la seguridad de la gente. Usó el argumento de los indultos para salirse de la mesa de seguridad; desde ahí los proyectos prácticamente no avanzan porque los bloquean en la Cámara o los tratan de desnaturalizar", fustigó el diputado Leonardo Soto.
El socialista, integrante de la Comisión de Constitución, comparó además que "en el último Gobierno de Sebastián Piñera hubo 4 mil indultos, todos con personas que tenían antecedentes penales, algunos más nutridos y extensos que los que hoy se han conocido".
