Los investigadores, entre ellos el exministro Rodrigo Valdés y el expresidente del Banco Central Rodrigo Vergara, suponen la "aplicación plena" con "todos los derechos satisfechos".
La protección social, la salud y la educación figuran como las materias que más recursos necesitarán para garantizar lo consagrado en el texto.
Un análisis de académicos universitarios e investigadores del Centro de Estudios Públicos (CEP) proyectó que la implementación de la nueva Constitución, en caso de que sea aprobada por la ciudadanía en el plebiscito del 4 de septiembre, requeriría anualmente recursos equivalentes al menos a 8,9 puntos del Producto Interno Bruto de Chile.
"Estimaciones del Costo Fiscal Directo de la Propuesta de Nueva Constitución", se titula el estudio elaborado por Andrea Bentancor, en representación de la Universidad de Talca; Claudia Martínez y el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés, por la Universidad Católica; el expresidente de BancoEstado Guillermo Larraín, por la Universidad de Chile, y el expresidente del Banco Central Rodrigo Vergara y Gabriel Ugarte, por el CEP.
Los expertos subrayaron como objetivo central del estudio "realizar una estimación del costo fiscal incremental directo que implicaría la implementación de la propuesta", con una "motivación doble".
"Por un lado, buscamos proporcionar información de utilidad para personas que requieren más elementos a la hora de decidir su voto. Estamos convencidos que tener más información disponible es deseable para una mejor toma de decisiones. Por otro lado, tenemos la convicción de que para lograr un alto grado de prosperidad compartida es imprescindible que seamos capaces de mantener las finanzas públicas sanas, con un nivel moderado de deuda fiscal. Ello implica que, si se decide gastar más, el Estado debe ser capaz de movilizar más recursos. Esto tiene consecuencias directas por sobre el nivel y la estructura de la tributación y de la eficiencia del Estado", expusieron.
En ese marco, enfatizaron que "tener información de costos permite visualizar el camino que se debe recorrer".
Aplicando una metodología similar a la que se utiliza cuando se estiman las implicancias fiscales de un proyecto de ley a través de informes financieros o cuando se estiman los costos de un programa presidencial, plantearon dos escenarios base para proyectar el gasto: uno más bajo, más conservador en materia de provisión de servicios y gastos, y otro alto.
Con ello, la estimación baja apuntó un costo total anual de 8,9% del PIB -esto es 7,1% del PIB de costos en régimen y 1,8% de costos por ajuste de stock en 10 años-; mientras que la alta proyectó un 14,2% -se descompone en 11,4% y 2,7%, respectivamente, de los tópicos mencionados-.
Las cifras "suponen la aplicación plena de la propuesta de nueva Constitución; eso significa, por ejemplo, que asumimos que los derechos que se establecen en ella son todos plenamente satisfechos", puntualizaron los investigadores.
Precisaron asimismo, como consideración técnica, que "para efecto de convertir el monto en pesos a un porcentaje del PIB, se utiliza el valor del año 2021 de 240.633.267 millones de pesos, equivalente a 316.925 millones de dólares, al tipo de cambio promedio año 2021 (759 pesos)"; actualmente la divisa se cotiza sobre 900 pesos.
Sobre los costos por ítem, el mayor total anual correspondería a materias de protección social, con 4,48% del PIB en un escenario bajo y 7,25% en una estimación alta.
Le siguen el ámbito de Salud, con una estimación baja de 1,89% y una alta 2,75%; y Educación, que implicaría recursos equivalentes a 0,81% y 1,40%, respectivamente. Luego se sitúan protección del medioambiente (0,15% y 0,29%), y actividades recreativas, cultural y religión (0,14% y un 0,29%).
