"Es el momento de integrar a los pueblos originarios al proceso constituyente", según Jorge Atton, quien la semana pasada renunció a su cargo por "razones personales".
"Es el momento de integrar a los pueblos originarios al proceso constituyente". De esta forma el ex intendente de La Araucanía Jorge Atton -quien la semana pasada renunció a su cargo por "razones personales"- defendió la posibilidad de establecer escaños reservados en la redacción de la eventual nueva Constitución.
"El conflicto mapuche es menos conflicto de lo que se piensa, menos conflicto de lo que se cree. Evidentemente, existe una problemática que cruza al pueblo mapuche que está asociada a la discriminación histórica que han tenido y que han sentido. Es por eso que para ellos es tan importante el reconocimiento constitucional, porque con esa decisión, ellos sienten que serán reconocidos por el Estado chileno, con su cultura, su costumbre y su autonomía", dijo Atton a La Tercera.
Atton sugirió que las autoridades han adoptado una óptica errada al enfrentar la demanda indígena por autonomía, en lugar de afrontarlo como el reclamo que tiene su base en lo comunitario. "Se ha entendido muy mal", dijo.
"Para ellos la autonomía es dentro de sus lofts, al interior de sus comunidades; ellos saben que viven en Chile, que están integrados a nuestro país y que son chilenos. Ellos han planteado muchas veces el reconocimiento constitucional y nunca se les ha dado una respuesta coherente. Yo me convencí de que ese reconocimiento es urgente y ahora es el momento de integrarlos en el nuevo proceso constituyente, como también los escaños reservados para los pueblos originarios y para el mapuche", aseveró.
Con la promulgación este lunes de una reforma que habilita la convocatoria de un plebiscito en abril, Chile se encuentra cada vez más cerca de decidir si quiere enterrar la actual Constitución, redactada en la dictadura militar y blanco de críticas en las manifestaciones por su corte neoliberal.
La ley, resultado de un histórico acuerdo alcanzado en noviembre entre casi todas las fuerzas parlamentarias, permite celebrar un plebiscito el 26 de abril para preguntarle a la ciudadanía si quiere una nueva Constitución y qué mecanismo debería redactarla: una convención mixta de parlamentarios y ciudadanos electos o una asamblea de personas escogidas únicamente para ese fin.
Si el plebiscito es aprobado, la elección de los constituyentes se realizará en octubre, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales, y la nueva Constitución -que debe redactarse en un máximo de un año- se ratificará en otro plebiscito, este con voto obligatorio.
La redacción de una nueva Carta Magna es uno de los principales clamores del estallido social que vive Chile desde hace más de dos meses, el más grave desde el retorno a la democracia
