El anteproyecto de la nueva Constitución mantendrá la definición de Chile como un "Estado social y democrático de derecho", una de las 12 bases acordadas previamente, pero la oposición apuesta a consagrar junto a ello "elementos de subsidiariedad", aseguró este lunes Máximo Pavez, militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y presidente de la subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos de la Comisión Experta.
El pleno del comité designado por el Congreso para la elaboración del borrador que servirá de base a los consejeros constitucionales que serán elegidos en mayo en las urnas se reunirá a partir de hoy para votar en general la aprobación o rechazo de las primeras normas ingresadas el viernes.
"Nosotros tenemos que trabajar con la idea de un Estado social y democrático de derecho, pero, tal como lo han señalado los profesores que han visitado nuestra comisión, ése es un concepto amplio, un concepto que está recibido en constituciones de diversa manera y que cada sociedad política tiene que llenar de contenido. Nosotros tenemos que llenar el Estado social y democrático de derecho de contenido y todos entendemos que hay una cosa importante: el Estado va a tener un mayor rol, mayores dientes para poder dotar de un piso mínimo de dignidad, especialmente, en materia de derechos sociales", dijo Pavez, entrevistado en El Diario de Cooperativa.
No obstante, "eso no significa que no haya un margen de libertad donde la sociedad civil se pueda desplegar para colaborar con el bien común", señaló.
"LLEGAR A UN BUEN EQUILIBRIO"
En tal sentido, el comisionado gremialista planteó que "definir y etiquetar el conflicto de Estado social versus subsidiariedad me parece que es una forma un poco artificial de abordar esta disputa, que tampoco veo como una disputa... El Estado social va a cumplir un rol, lo tenemos que llenar de contenido a lo largo de toda la discusión, pero, por supuesto, hay algunos elementos del principio de subsidiariedad que (desde la derecha) queremos valorar, como, por ejemplo, el despliegue de la sociedad civil".
"Esa es una discusión a nivel de principios, obviamente se va a ir llenando y lo vamos a ir haciendo con mucho gusto, con mucha fuerza y con mucha esperanza a lo largo de este debate, para poder llegar a un muy buen equilibrio", enfatizó.
El exsubsecretario de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) del segundo Gobierno de Sebastián Piñera defendió además que "la Constitución no es el lugar para cerrar debates de política pública" en ámbitos como las pensiones, la salud o la educación, y debe limitarse a indicar lineamientos generales.
"Nosotros tenemos que establecer un marco constitucional y no cerrar aquellas materias que son de política pública y de deliberación democrática en el Congreso Nacional. Ésta fue una de las cosas que, desde el mundo del actual oficialismo, históricamente se le ha criticado, a veces de manera injusta, a la Constitución vigente (de 1980), y no tenemos que caer en lo mismo", sostuvo.
"LA FALTA DE EFERVESCENCIA ES BUENA"
Por otra parte, Pavez se declaró conforme con la falta de "efervescencia" del proceso constituyente en curso, que contrasta de modo notorio con su antecesor.
"A partir del último proceso quedó claro que la Constitución es un lugar de desarrollo institucional y de respeto de los derechos, pero no el lugar para el desarrollo de la política pública. Creo que esa bajada de decibeles, de expectativas, es buena", opinó el comisionado UDI.
"A mí me gusta que no estemos sometidos a una coyuntura, a una contingencia, y que no seamos reflejo y espejo de lo que pasa en materia política, cosa que no era así en el proceso anterior", añadió.
El esqueleto del anteproyecto constitucional se compone de 14 capítulos con sus respectivas normas, que serán votadas una a una por los 24 comisionados que integran las cuatro subcomisiones: Sistema Político, Reforma constitucional y Forma de Estado; Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos; Principios, Derechos Civiles y Políticos, y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
Este viernes 7 de abril comenzará la franja electoral del Consejo Constitucional, que estará integrado por 50 consejeros elegidos el 7 de mayo en votación popular con sufragio obligatorio y que tendrá un plazo de hasta cinco meses para hacerle modificaciones al borrador de la Comisión Experta y elaborar una propuesta final.
