Finalmente el Gobierno decidió entregar la mitad de los 1.773 millones de pesos extras que había solicitado la Convención Constitucional para cubrir el monto máximo de las asignaciones para cada uno de los 155 constituyentes durante este año.
A fines de agosto la mesa encabezada por Elisa Loncon había pedido esos recursos, argumentando que "el presupuesto propuesto originalmente por Hacienda no refleja la realidad de la operación de la Convención"; sin embargo, el Ejecutivo había denegado la solicitud alegando estrechez fiscal y necesidad de contar con dineros ante la pandemia.
Aquelló volvió a tensionar las relaciones entre La Moneda y el órgano constituyente, desde donde Loncon emplazó entonces al Presidente Sebastián Piñera a "asumir su apoyo decisivo" a la Convención, considerando además que en estricto rigor, en las semanas anteriores ésta no aumentó las asignaciones, sino que, tal como dice la Constitución, las fijó, en un tope de 77 UTM (cerca de 4 millones de pesos), pues previo a eso solo había un presupuesto base para la instalación, que dividido entre 155 convencionales daba cerca de 1,5 millones de pesos mensuales en asignaciones.
En este marco, ambas partes instalaron mesa técnica para abordar el tema, en la que se resolvió ajustar a la baja la petición. Así, el Ejecutivo entregará 976 millones a través de recursos del del Tesoro Público; y a su vez la propia Convención resignará internamente 254 millones, para totalizar 1.230 millones extras para cubrir los viáticos, asesorías y gastos operacionales desde agosto a diciembre, según publicó hoy El Mercurio.
"Hemos llegado a un muy resultado que satisface no solo los requerimientos que la Constituyente demanda, sino que además somos conscientes del contexto en el que estamos, de estrechez fiscal, y creo que hemos hecho un esfuerzo importante tanto en el Ministerio de Hacienda como en la convención", destacó en una rueda de prensa el vicepresidente de la asamblea, Jaime Bassa.
Lo resuelto fue oficializado anoche por la Dirección de Presupuestos, vía correo electrónico, al encargado de administración, finanzas y transparencia de la Convención, José Cortés, comunicación en la que también afirmó que tramitará hoy los decretos correspondientes.
Según relató el matutino, acercar posiciones no fue fácil y hubo reclamos de convencionales que hicieron pública su incomodidad por no estar pagados los sueldos de parte de sus asesores, los que, en la mayoría de los casos, se desempeñaban desde agosto en sus labores.
El camino se allanó luego de que la Convención, en una propuesta enviada al Gobierno el 24 de septiembre, "ajustó y redujo la proyección de gastos, estimando que la necesidad de recursos corresponde a $1.231 millones de los $1.773 millones requeridos en principio, señalados como necesarios para el pago de asignaciones el año 2021".
Diferencia a la baja generada básicamente "por los recursos asumidos por el Ejecutivo durante el mes de agosto, financiando directamente, y no a través de asignaciones, el traslado, alojamiento y alimentación para todos los convencionales durante julio y agosto", además de que "20 convencionales no contrataron asesores durante los meses de agosto y septiembre, generándose el consecuente ahorro en ese ítem, además de otros que no utilizaron el total de recursos para dicho ítem".
Con esto, ahora el órgano constituyente contará con el presupuesto para comenzar la elaboración de contratos, los que deberán ser firmados por los asesores de los constituyentes, los cuales podrán recibir sus sueldos de forma retroactiva.
Y si bien los convencionales de la UDI se opusieron a destinar 4 millones de pesos mensuales al ítem de asignaciones, Carol Bown defendió el derecho de sus pares a ocupar todo ese monto si es que así lo requieren, puesto que "una vez que se establece para todos, están en su justo derecho de usar las asignaciones que estimen pertinentes, igual que el retiro del 10 por ciento".
