Luis Cordero, ministro de Justicia, se refirió a la modificación para que personas mayores de 75 años o que padezcan enfermedades terminales cumplan condenas en sus casas.
Advirtió que "perdonazo" a criminales de lesa humanidad atentaría contra tratados internacionales: "Son inamnistiables".
El ministro de Justicia, Luis Cordero, alertó este miércoles que la polémica enmienda ingresada por la bancada del Partido Republicano del Consejo Constitucional para que personas mayores de 75 años o que padezcan enfermedades terminales cumplan condenas en sus casas beneficiaría, en su mayoría, a personas condenadas por causas de derechos humanos, lo que atentaría contra tratados internacionales.
Según dijo el secretario de Estado a la prensa en el Congreso Nacional, "de las 50.000 personas privadas de libertad en nuestro país, 265 son mayores de 75 años" y, de ese número, "aproximadamente 145 o 146 (es decir, un 55%) son personas condenadas por violaciones a derechos humanos".
Consultado si la enmienda republicana tiene como fin beneficiar a este tipo de criminales, Cordero aseveró: "Yo creo que esa cifra lo dice todo".
Ante la pregunta sobre si esta modificación permitiría que personas que cometieron estos delitos "salgan en libertad", el también abogado remarcó que, "en opinión del Ejecutivo -de hecho, esta es una doctrina que se aplica también en indultos- los indultos en crímenes de lesa humanidad son inamnistiables y además tienen restricciones adicionales al otorgamiento de los beneficios".
La iniciativa, que aún debe ser discutida y votada por el pleno del Consejo Constitucional, dice que todas las personas mayores de 75 años o que padezcan enfermedades terminales "cumplirán la prisión preventiva, presidio o reclusión en su domicilio".
"Esta disposición sólo será aplicable en aquellos casos en que la conducta sancionada no representen un peligro actual para la sociedad", agrega el texto.
La propuesta ha sido rechazada por agrupaciones de derechos humanos y el oficialismo.
"Es un perdonazo para los reos de Punta Peuco", afirmó la consejera constitucional Karen Araya (Partido Comunista).
"Para quién es este beneficio no es para esta población vieja, para los ancianos que lamentablemente están detenidos, sino que es un perdonazo para quienes han cometido asesinatos, crímenes horrorosos en tiempos de dictadura", planteó.
Desde la derecha, la consejera Ivonne Mangelsdorff (Renovación Nacional) dijo que, para su eventual aprobación, "tenemos que sacar (del texto) a los delitos que tengan que ver con delitos sexuales o de lesa humanidad".
Consultada si podría ser un perdonazo para los reos de Punta Peuco, reconoció que "puede pasar y se puede dar para que efectivamente, como algunos dicen, pueda ser una fórmula que les caiga a algunos que efectivamente no merecen ese tipo de conmutación de penas".
En cuanto a la propuesta de darle infra-constitucionalidad a los tratados internacionales, el consejero Julio Ñanco (RD) opinó que estos "deben mantener el rango constitucional, y también me hago la pregunta respecto a si hay una discriminación entre ciertos tratados económicos y de derechos humanos, y creo que también es bueno preguntárselo a la derecha".
Mientras que desde el Partido Republicano, el consejero Antonio Barchiesi defendió la enmienda: "Esta es una propuesta que no va destinada a una persona o a un grupo en particular".
"Por el contrario —añadió—, esta es una indicación que tiene por objeto tener alcance general respecto de cualquier persona que tenga más de 75 años y que se encuentren cumpliendo pena de prisión efectiva".
