El Grupo de Puebla manifestó una "profunda inquietud" por la dirección que puede tomar el debate constitucional chileno tras el triunfo de la ultraderecha, deslizando que "se aleja de las reivindicaciones que dieron origen al proceso y el proyecto político del Presidente Boric".
"Esperamos que las fuerzas de derecha que ganaron el día de ayer no aprovechen esta coyuntura para dar un salto de regreso al pasado y hacemos un llamado a la unidad de los sectores progresistas para cerrar filas en la defensa de las conquistas sociales que tanto demandan las y los chilenos", señaló el foro internacional.
"Entendemos los resultados de estas elecciones como una alerta temprana para el progresismo latinoamericano sobre los peligros que se ciernen por el evidente avance de la derecha reaccionaria regional, a través de nuevos actores políticos y consignas populistas que van en contravía de legítimas reivindicaciones relacionadas con la inclusión social, los derechos humanos y la libertad que defendemos", agregó a través de un comunicado.
El foro, integrado por líderes progresistas de 16 países de Latinoamérica y de España, señaló que los resultados electorales en Chile "no son una razón para abandonar sino para profundizar" los proyectos que apuntan al "progreso, inclusión y justicia social".
El Partido Republicano, partidario de mantener la Carta Magna actual y el modelo neoliberal instaurado en la dictadura (1973-1990), logró 23 de los 51 escaños del órgano que redactará la segunda propuesta.
La lista oficialista, integrada por el Frente Amplio de Boric, el Partido Comunista y el Partido Socialista, quedó en segundo lugar con 16 consejeros, mientras que la derecha tradicional de Chile Vamos (bloque compuesto por Renovación Nacional, UDI y Evópoli) logró 11 consejeros.
El último escaño fue para un activista mapuche en el cupo reservado a los pueblos indígenas y tanto la centro-izquierda como el populista Partido de la Gente se quedaron fuera del órgano.
Los 51 consejeros elegidos el domingo tienen cinco meses para trabajar sobre un anteproyecto escrito por el grupo de expertos designados por el Congreso y que incluye 12 bases constitucionales acordadas previamente por los partidos para evitar una propuesta refundacional, como el reconocimiento de que Chile es un Estado democrático social de derecho o un sistema bicameral.
Si la extrema derecha y la derecha se alían, podrán modificar sin contrapesos el anteproyecto de los expertos, que luego deberá ser sometido a plebiscito en diciembre.