Un verdadero "súper martes" se vive en la Convención Constitucional, y es que en la Comisión de Sistema de Justicia recibieron a los representantes de las distintas instituciones del Estado y sus visiones para mejorar o cambiar estos organismos en la futura nueva Constitución que está siendo redactada.
Hasta el ex Congreso de Santiago llegaron los representantes del Ministerio Público, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional (TC), la Contraloría General de la República (CGR), el Banco Central, el Servicio Electoral (Servel) y el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) a exponer -por separado- cada una de sus visiones que buscan quedar plasmadas en la nueva Carta Magna.
El fiscal nacional Jorge Abbott abogó en su alocución por mayores atribuciones y puntualizó que "es fundamental que el Ministerio Público tenga una mayor injerencia en el actuar de las policías y poder eventualmente ejercer o promover el ejercicio de acciones disciplinarias en caso de no cumplimiento de las instrucciones investigativas por el fiscal. El Ministerio Público no es quien investiga directamente, salvo situaciones muy excepcionales, y para eso es imprescindible que el Ministerio Público tenga mayores potestades".
Mientras que desde el área judicial, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, reflexionó que en la nueva Carta Magna "debería dársele más que un carácter constitucional, un carácter supraconstitucional, que no se piense que una decisión -por ejemplo- de la Corte Interamericana de Justicia vaya a constituir otra instancia dentro del Poder Judicial, que es lo que piensan algunos ministros de la Corte Suprema, y que eso sería inaceptable".
"Vería, yo principalmente, con muy buenos ojos que se estableciera en la Constitución categóricamente ese aspecto", agregó.
En tanto, el presidente del TC, Juan José Romero, defendió la existencia de este tribunal y recordó que "Chile ya ha conocido interrupciones en el funcionamiento de su Tribunal Constitucional: la Junta de Gobierno lo suprimió por considerarlo un órgano innecesario; después, con la dictación de la Constitución de 1985, el Tribunal Constitucional volvió a funcionar. Me parece que está demás decir que las actuales circunstancias son muy distintas a aquellas que llevar a considerarlo como un órgano innecesario".
Finalmente, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, señaló que "la autonomía (de la entidad), lo que garantiza es que el país tenga una institución dedicada específicamente y profesionalmente al control de la inflación y el resguardo de la estabilidad financiera".
"Creo que la experiencia de estos años de autonomía ha sido bastante elocuente. La inflación en los últimos 30 años ha sido la décima parte de lo que fue en los 40 años anteriores en que el Banco Central no era autónomo. Es algo que es valioso para el país, para la ciudadanía y para la economía", puntualizó.
