La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja comenzó a analizar la iniciativa, impulsada por diputados del Frente Amplio.
Otra propuesta apunta a disponer de urnas electorales móviles para facilitar el sufragio de personas con movilidad reducida.
Un proyecto impulsado por diputados del Frente Amplio propone ampliar el universo de personas que pueden eximirse de la multa que implica no asistir a votar en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre, proceso en el que el sufragio es obligatorio.
Quien no vote será penado con una multa a beneficio municipal que oscilará entre 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales, es decir, de unos 30.000 a 178.000 pesos.
Según estableció la reforma que habilitó el proceso constituyente, para este plebiscito no estará afecto a la sanción "el elector que haya dejado de cumplir su obligación por enfermedad, ausencia del país, encontrarse ese día en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquél en que se encontrare registrado su domicilio electoral o por otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica".
Por ello, la iniciativa oficialista busca que tampoco puedan ser sancionadas las personas mayores de 75 años y también quienes ejerzan trabajos de cuidado de personas, dado que el cese de estas labores puede implicar "una amenaza para la vida, integridad física o salud o de la persona cuidada".
Actualmente ambos grupos sólo pueden excusarse de ser vocales de mesa o miembros de Colegio Escrutador, en caso de que hayan sido designados por el Servicio Electoral.
Otro proyecto, firmado por parlamentarios del FA y del Socialismo Democrático, aboga por garantizar un mecanismo alternativo al sufragio presencial, para permitir el derecho a voto de personas con movilidad reducida, dependencia severa o que requieren apoyos intensos, así como también a cuidadores que, por las características del trabajo que realizan, no pueden alejarse de su domicilio.
Para ello, propone la implementación de urnas electorales móviles para casos excepcionales calificados por el Servel, a través de un trabajo coordinado entre ese organismo, municipios y el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis).
Ambos textos comenzaron a ser analizados este miércoles en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados.
En la instancia, la diputada Gael Yeomans (Convergencia Social), coautora de ambas iniciativas, solicitó el apoyo del Gobierno para poder avanzar rápidamente en la tramitación, considerando la proximidad del plebiscito, para el que restan apenas 18 días.
