Entre las normas aprobadas están el derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos, rol del Estado en el patrimonio cultural indígena y derecho a la protección de datos personales.
Fue regresada para ser reformulada la propuesta que busca consagrar el derecho de autor.
El Pleno de la Convención Constitucional tuvo la tarde de este martes su 79ª sesión, la que fue destinada a votar en general y en particular el informe reformulado de la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios.
Este nuevo paquete de propuestas no tuvo un apoyo importante por parte de los convencionales, que rechazaron la mayoría: de los 25 artículos debatidos, solo seis fueron aprobados y pasaron a texto constitucional.
Los artículos aprobados en esta nueva instancia de deliberación constituyente fueron: el derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos, el rol del Estado en el patrimonio cultural indígena, el deber del Estado de preservar la memoria y garantizar el acceso a los archivos y documentos en sus distintos soportes y contenidos, y una norma sobre patrimonios naturales y culturales.
A texto constitucional.
— Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) April 5, 2022
Toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho a participar libremente de la creación, desarrollo, conservación e innovación de los diversos sistemas de conocimientos y a la transferencia de sus aplicaciones, así como a gozar de sus beneficios.
También se aprobó la propuesta de difusión y educación sobre patrimonio, que detalla que "el Estado fomentará la difusión y educación sobre los patrimonios naturales y culturales, materiales e inmateriales".
A estas se sumó el derecho a la protección de datos personales, que dice que "todas las personas tienen derecho a la protección de los datos de carácter personal, a conocer, decidir y controlar el uso de las informaciones que les conciernen".
Sobre en que se traducirá esta norma, los convencionales dieron cuenta que aún no está del todo claro, dado que -advirtieron- el resto de los incisos fueron devueltos a la Comisión. Pese a esto, con lo que fue aprobado se debería dejar en manos del legislador la forma en que esto se va a materializar.
Pleno Sesión N°79 - Convención Constitucional Chile - 05/04/2022 https://t.co/dedv0jTKwo
— Chile Convención (@convencioncl) April 5, 2022
Una de los artículos que no alcanzó el quórum de dos tercios para ser parte del borrador de la nueva Constitución fue el seis, que pretendía consagrar el derecho de autor.
La propuesta, que causó expectación afuera del órgano constituyente por la presencia de varios artistas musicales chilenos, fue regresada a la Comisión de Sistemas de Conocimientos para ser reformulada.
Al respecto, la actriz y convencional Malucha Pinto (Colectivo Socialista) lamentó la caída de la propuesta y expresó que "los artistas tenemos un compromiso profundo con este país y el sentido de nuestras obras tiene que ver justamente con eso. Jamás hubo un obstáculo de usar libremente obras en espacios donde no había lucro involucrado".
"Lamento que no se haya aprobado la norma que hoy se ha presentado", coincidió el también actor y convencional Ignacio Achurra (Convergencia Social): "Considerábamos que era una norma que equilibraba la consagración de los derechos de autor, que son una cuestión fundamental para la supervivencia de los creadores, y, por otro lado, generaba las condiciones para el acceso de la ciudadanía a la utilización de las creaciones y del resultado de las investigaciones", agregó.
La forma propuesta por la comisión de Sistemas de Conocimientos para consagrar el derecho de autor no alcanzó la votación requerida en el pleno y tendrá que ser reformulada.
— Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) April 5, 2022
Mientras que, por no alcanzar la mitad de los votos, fueron excluidas del debate las siguientes normas: la protección del tesoro humano vivo; el Estado deberá proteger el patrimonio paleontológico, arqueológico, bioantropológico y cultural de los pueblos; la reutilización de la información pública; el deber del Estado de interactuar de manera eficaz con las personas; el derecho al acceso abierto a la información pública; y la libertad de investigación.
