"Lamento si alguna vez sintió que la pude haber llevado a pasar, pero yo soy muy profesional para trabajar; no ando con cosas personales", afirmó María Elisa Quinteros.
La periodista Lorena Penjean apuntó principalmente al "comportamiento de los constituyentes, de la Mesa Directiva y, en especial", de la lideresa del organismo.
La presidenta de la Convención Constitucional, la odontóloga María Elisa Quinteros, se refirió este jueves respecto a la renuncia de la directora de la Secretaría de Comunicaciones del órgano redactor, la periodista Lorena Penjean.
"He llegado a la conclusión de que no existe la cohesión interna ni la voluntad que se requiere para desplegar una estrategia comunicacional profesional y acorde a la magnitud del desafío. Un Plan de Comunicaciones a la altura de la ciudadanía", señaló la ex directora de The Clinic a mediante una carta enviada anoche a la mesa directiva.
En la dimisión, la profesional acusó una "deuda comunicacional de la Convención", la que -desmenuzó- "es un déficit producto de un presupuesto inexistente, pero por sobre todo, de factores directamente dependientes del comportamiento de las y los constituyentes, de la mesa directiva y, en especial, de la presidenta María Elisa Quinteros".
Tras la difusión de la renuncia, la líder del organismo, anoche en su perfil de Instagram, dijo lamentar "si alguna vez sintió que la pude haber llevado a pasar, pero yo soy muy profesional para trabajar. No ando con cosas personales".
Esta mañana, al comparecer ante la prensa, Quinteros profundizó sobre el tema y consideró "injusto" que la periodista haya apuntado a los constituyentes, y en especial a ella, como responsables de la falta de condiciones para desplegar una estrategia comunicacional.
"La salida de Lorena la respetamos, por supuesto. Yo nunca quise que se fuera, es una renuncia voluntaria. Sin embargo, creo que es injusto responsabilizar a los constituyentes y, en segundo lugar a mí, con mayor o menor medida. Tal vez es su percepción", indicó la odontóloga.
La presidenta admitió que, como dijo la periodista, existe un problema presupuestario, pero explicó que no se trata de un déficit de recursos que se hayan solicitado al Gobierno y que éste no los haya entregado, sino más bien recursos que la propia convención debe proveer.
De todos modos, Quinteros insistió en que "no hay una crisis" al interior de la convención.
Tras destacar su "tremendo trabajo" durante los dos meses que estuvo en el cargo, la presidenta de la mesa aseguró que "es mejor que haya pasado esto ahora, en mi humilde opinión, que en el mes anterior al plebiscito. Nos da tiempo para buscar nuevos talentos y ponerlos al servicio de la convención".
Como directora subrogante de Comunicaciones quedó la periodista Margarita Cereceda.
Presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, sobre renuncia de Lorena Penjean a la Dirección de Comunicaciones: "lamento si alguna vez sintió que la pude haber llevado a pasar, pero yo soy muy profesional para trabajar, no ando con cosas personales".@Cooperativa
— Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) February 3, 2022
Para el convencional independiente y periodista Patricio Fernández, "la renuncia de la encargada de Comunicaciones es una noticia lamentabilísima, para no decir que bastante dramática".
"El tiempo avanza y sabemos que una de las grandes deudas que tiene la convención es justamente en lo comunicacional y que esa deuda consiste en la dificultad para ver constituida una voz institucional y no esas permanentes noticias que trasuntan de las voces más ruidosas y de aquellos que se toman los micrófonos con mayor facilidad", agregó el fundador de The Clinic.
"El que haya renunciado transmitiendo la dificultad de llevar adelante esa misión nos pone una voz de alarma", enfatizó.
Por su parte, el convencional y ex senador Felipe Harboe apuntó que el problema que tiene hoy la convención "no es eminentemente comunicacional".
"Cuando se presentan normas que tienen por objetivo limitar la libertad de expresión con una especie de consejo para controlar los medios de comunicación; cuando se busca afectar irremediablemente la independencia del Poder Judicial, que es el garante de los derechos en democracia; cuando se instala la idea de nacionalizar toda la industria extractiva de la cual vive nuestro país, bueno, el problema evidentemente no es de comunicación, sino que de contenido", planteó el ex militante del PPD.
"Usted puede tener la mejor estrategia comunicacional, pero explicar eso ante la ciudadanía es bien poco probable", advirtió.
Aunque en general se ha valorado en el órgano constituyente el avance en los trabajos, existe la incertidumbre sobre los pocos meses que quedan por terminar y los muchos temas que quedan aún por discutir. Debido a esto, varios constituyentes han planteado la opción de solicitar una extensión de plazo en el Congreso.
"Estamos presionados por los tiempos y yo invitaría también a la Convención y a la Mesa Directiva a tomar este problema con responsabilidad y a conversar con los poderes constituidos, a plantear de cara al país la situación de la Convención. Estamos haciendo un trabajo, hay grandes muy importantes de avance, pero eso se puede ver perjudicado por los tiempos restrictivos que tenemos", detalló el convencional del Colectivo Socialista Pedro Muñoz.
Ante esto, solicitó a la Mesa que "discuta y converse al interior de la Convención la posibilidad cierta de solicitar ampliación de plazo al Congreso Nacional. Creo que tres meses es un plazo razonable adicional a los 12 meses que ya tenemos por norma constitucional".
En tanto, su par de la UDI Rodrigo Álvarez indicó que "al menos la decisión que tenemos como Chile Vamos es avanzar y trabajar pensando en que esto debe estar listo el 4 de julio, y creemos que es necesario aumentar las sesiones, revisar todo nuestro sistema de trabajo, permitir el debate y el diálogo, pero terminar en el plazo que nos dijeron los chilenos".
De momento, Quinteros también es de la opinión de concluir el trabajo constituyente el 4 de julio, fecha para la que se prevé la disolución del órgano.
En cuanto a los avances de esta jornada, la Comisión de Medioambiente aprobó en general eliminar o caducar los derechos de agua de unos 350 mil regantes, como una forma de democratizar el acceso al recurso a través de permisos temporales, y la de Sistema de Justicia comenzó a analizar las iniciativas populares sobre el rol y carácter del Banco Central.
