Representantes del oficialismo y la oposición continuaron este martes la redacción de la reforma que materializará el "Acuerdo por Chile", que podría entrar mañana al Congreso.
Además, se evalúa si la moción que habilita el proceso ingresará por la Cámara Baja o por el Senado.
Un grupo de expertos constitucionalistas, en coordinación con representantes del oficialismo y la oposición, continuaron este martes su trabajo para afinar los detalles de la reforma constitucional que materializará el "Acuerdo por Chile", que podría entrar mañana al Congreso.
La discusión se centra en resolver asuntos que no quedaron explícitos en el pacto sellado por los partidos el 12 de diciembre, como el mecanismo para garantizar la paridad de entrada y de salida, quién redactará el reglamento, la remuneración para los participantes del proceso o la fórmula de los escaños reservados.
Desde Apruebo Dignidad, la diputada Karol Cariola (PC), que participa del grupo redactor, aseguró que desde su colectividad no buscan cambiar el acuerdo, pero sí establecer elementos que no quedaron explícitos en el documento, como, por ejemplo, que "el Consejo electo tenga la última palabra de la redacción de las normas; el tema de la participación ciudadana, como la iniciativa popular de normas que se utilizó antes; asegurar el proceso de cabildos".
"No hemos hecho reparos. Nosotros firmamos el acuerdo y lo que hemos dicho es que, en aquellos elementos que tienen que ver con la redacción del proyecto, hemos hecho algunas propuestas para que las propuestas de redacción, en particular del proyecto de ley, de aquellas cosas que no quedaron absolutamente explícitas en el acuerdo, puedan quedar determinadas en el proyecto de ley", señaló la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja.
"No queremos cambiar el acuerdo. Lo que hemos planteado son propuestas en función de la redacción", enfatizó.
Otra materia que se tiene que redactar con mayor detalle es la eventual inhabilitación de quienes participen del proceso -tanto los expertos como los consejeros constituyentes- para competir en las próximas elecciones municipales de 2023 o las parlamentarias y presidenciales de 2025.
"Hay que tratar de cuidar el proceso en términos de lo que significa el resultado final y, en eso, el rol de los expertos y los consejeros electos, es muy relevante que tengan en mente cuando ellos trabajen no su propio interés electoral, no como van a pensarse a sí mismos en un futuro cargo. Por eso las inhabilidades juegan un rol, para que su dedicación sea tener un texto que sea proyectable para los próximos 100 años y no calcular que, si apruebo o rechazo una determinada norma, me puede significar un impacto, un costo personal, en una futura elección", explicó el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya.
Si bien al acuerdo originalmente contempla que el proyecto ingrese por la Cámara de Diputadas y Diputados, hay voces que proponen que comience su tramitación en el Senado.
Esto, debido a que la Cámara Alta suspendió la semana distrital y, por ende, sus integrantes van a sesionar la próxima semana, por lo que el texto podría iniciar su tramitación automáticamente, mientras que en la Cámara Baja no hubo unanimidad para sesionar en la semana distrital.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Matías Walker (Movimiento Demócratas), adelantó que "no tenemos ningún problema que ingrese por el Senado con discusión inmediata".
Sin embargo, la senadora Luz Ebensperger (UDI), integrante de la citada comisión, dijo que el texto "debería entrar por la Cámara de Diputados", argumentando que "el Senado va a cumplir el acuerdo, pero la verdadera voluntad de si este acuerdo se respeta o no la vamos a ver en la Cámara de Diputados. Entonces, creo que lo lógico es que ingresara por allá".
