El Senado informó que interpuso este domingo una denuncia ante la Brigada del Cibercrimen de la PDI por las amenazas que sufrieron "todos los integrantes del Poder Legislativo", mediante el correo electrónico institucional, con mensajes cuyo objetivo es impedir que el Congreso habilite un nuevo proceso constituyente.
Estos mensajes incluían las direcciones particulares de los parlamentarios y los emplazaban a "no imponer" la búsqueda de una nueva Carta Fundamental tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito.
Ante esta situación, el Senado expuso este domingo que su presidente, Álvaro Elizalde (PS), "en nombre de la Mesa y de la Corporación, rechaza cualquier acción de amedrentamiento contra parlamentarios y parlamentarias por expresar opiniones y ejercer, de manera legítima, acciones políticas en tanto, son representantes de chilenas y chilenos, electos democráticamente".
"Con firmeza, el senador Elizalde condenó el tono amenazante del correo electrónico enviado al conjunto de senadoras y senadores, así como a diputadas y diputados, conteniendo información reservada de cada uno de ellos y ellas, en el cual se les conmina a abandonar los diálogos por el nuevo proceso constituyente", advirtieron a través de su cuenta de Twitter.
En esta línea, se recordó que el lunes pasado "se dio curso a la primera reunión para encaminar el nuevo proceso constituyente, instancia en la que participaron los presidentes de ambas cámaras, jefes de bancada y presidentes de partidos con representación parlamentaria".
Debido a la "gravedad" de los correos recibidos, el secretario general del Senado, Raúl Guzmán Uribe, interpuso una denuncia ante la Brigada Metropolitana de Cibercrimen "por el delito de amenazas y por infringir el Artículo 2 de la Ley 21.459 (esto es, por acceso no autorizado a bases de datos resguardadas en soportes informáticos) a fin de que se esclarezcan los hechos, se determine a él o los autores y sus responsabilidades".
Aquel punto debido a que, según explicó Elizalde, las direcciones particulares de los legisladores son "una información que forma parte de la declaración de intereses y patrimonio, pero que conforme a la ley no se publica por ser una información reservada".
"La denuncia fue formalizada ante la comisaria Patricia Rojas, jefa de la Brigada Metropolitana de Cibercrimen de la PDI, el sábado 10 de septiembre", puntualizó la Cámara Alta en un comunicado.
La última jornada, la Cámara de Diputadas y Diputados, que dio a conocer las amenazas, también confirmó la presentación de una denuncia ante la PDI.
El comisario Rodrigo Romo, jefe de la Brigada de Cibercrimen de Valparaíso, dijo que hasta el momento "se realizó una serie de acciones focalizadas principalmente en el análisis de la información, cuyos resultados fueron informados al Ministerio Público, a la espera de nuevas instrucciones".
