"Hemos querido pensar siempre en que los chilenos quieren cambios, pero los quieren en un marco de estabilidad y de colaboración", destacó Juan José Ossa sobre las iniciativas ingresadas anoche.
Las propuestas de las cuatro mesas de la Comisión Experta serán discutidas las próximas semanas y deliberadas con un quorum de tres quintos.
El presidente de la subcomisión de Sistema Político de la Comisión Experta, Juan José Ossa, indicó este viernes que las normas constitucionales que presentó anoche la instancia "son muy relevantes para efectos de la gobernabilidad futura del país".
"Hemos querido pensar siempre en que los chilenos quieren cambios, pero los quieren en un marco de estabilidad y de colaboración, particularmente entre el Ejecutivo y el Congreso", dijo el exministro de la Segpres y militante de Renovación Nacional.
Anoche las cuatro subcomisiones ingresaron sus propuestas para el anteproyecto de la nueva Constitución, las que serán discutidas las próximas semanas y deliberadas por el Pleno de la Comisión Experta con un quorum de tres quintos, destacando, en el caso de Sistema Político, la iniciativa que establece que el período presidencial dure cuatro años, sin opción de reelección y que aquellos mandatarios que ya tuvieron dos mandatos no consecutivos no podrán ser candidatos.
En tanto, en el Congreso Nacional, sólo aquellos partidos políticos que tengan el 5% de los votos podrán participar en la distribución de los escaños de la Cámara Baja.
Respecto de participación ciudadana, esta instancia avanzó en la creación de "foros de deliberación ciudadana consultivos, de selección aleatoria, debiendo garantizar una participación representativa de la población, diversa y pluralista".
"Yo creo que las normas sobre participación ciudadana en el proceso de formación de la ley son importantes; normas que nos van a permitir y van a permitir que la ciudadanía se involucre más activamente en el proceso de generación de normas", destacó Antonia Rivas (Convergencia Social), integrante de la subcomisión.
En paralelo, la propuesta de la Subcomisión de Principios, encabezada por Máximo Pavez (UDI), consagró que "es obligación fundamental del Estado y la comunidad política trabajar por la paz social"; "el orden constitucional supone el uso de métodos pacíficos de acción política"; y Chile "se organiza en un Estado social y democrático de derecho".
A la vez, la Subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, que preside Catalina Salem, diseñó el futuro Poder Judicial y acordó concentrar las funciones no jurisdiccionales bajo un tipo de "Consejo de la Magistratura", que va a estar dividido en cuatro comisiones temáticas específicas, coordinadas pero con autonomía entre ellas: una para nombramientos; otra para la potestad disciplinaria; una tercera para formación, y la cuarta para la autonomía operativa de la judicatura.
De esta manera, el gobierno judicial ya no estará en manos del Pleno de la Corte Suprema, con la finalidad de fortalecer la autonomía interna del Poder Judicial.
"En mi subcomisión más que nada se buscó mantener la tradición constitucional respecto a la estructura de las instituciones de nuestro país, pero también de innovar acogiendo las necesidades de la ciudadanía hoy día tanto en materia de seguridad, como también en control de nuestras autoridades, de acceso a la justicia", explicó la comisionada Salem.
"Me siento muy conforme porque hubo amplios consensos. Hubo algunas materias que se van a dejar para la discusión particular, más que nada porque se requiere un debate más profundo, más detallado que no alcanzamos a hacerlo en estos 15 días. Pero trabajamos bastante bien, en equipo y tenemos algo que mostrarle a la ciudadanía", destacó.
En tanto, en la Subcomisión de Derechos Sociales que lidera Alejandra Krauss, planteó el derecho a la "vivienda adecuada" y el que "cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse sea este estatal o privado", entre otros puntos.
También determinó que la ley "podrá establecer cotizaciones obligatorias" y que "cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse sea estatal o privado"; y en materia de libertad de enseñanza, se estableció el derecho y el deber preferente de las familias de "escoger la educación de sus hijos", como también se le dio rango constitucional a la gratuidad en la educación superior.
"Era conciliar lo que para nosotros era esencial, la debida consagración del Estado social y democrático de derecho, y dar garantías que se cumplían las bases constitucionales de este proceso", resaltó Krauss, representante de la Democracia Cristiana.
También estableció los derechos a la vivienda adecuada, al agua, al trabajo decente y a su libre elección y libre contratación; así como también a la libertad sindical, que compromete la sindicalización, a la negociación colectivas y el derecho a la huelga.
Krauss relevó la importancia que representa "para los trabajadores de nuestro país la consagración y reconocimiento como un derecho al trabajo decente; la consagración de la libertad sindical y sus tres derechos fundamentales conciliándolos con lo que significa también a larelación con el empleador, que es algo esencial para nuestro país".
