El Pleno de la Convención Constitucional aprobó este miércoles una serie de normas vinculadas al derecho de propiedad, en el marco de la revisión del nuevo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales.
Entre ellas se visó el artículo 21, que se refiere a las tierras, territorios y recursos, y que recibió 106 votos a favor.
En concreto, pasó al borrador de la nueva Carta Fundamental el que "el Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos".
"La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución", continúa el texto.
"Conforme a la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva", cierra el apartado.
Junto con la declaración constitucional de Chile como un Estado plurinacional, este artículo es uno de los más importantes logros de los pueblos indígenas dentro del órgano constituyente.
"CAMINO DE SOLUCIÓN"
Previo a su aprobación, el convencional mapuche Adolfo Millabur señaló a sus pares ue "tenemos dos posibilidades: aprobamos un camino sensato, institucional, civilizado, razonable al conflicto de los pueblos indígenas -especialmente en el Wallmapu-, o nos quedamos 'a la suerte'".
"Yo creo que no va a haber una nueva Pacificación de la Araucanía; ya tenemos suficiente fuerza, dignidad e historia para jamás nunca doblegarnos ante la Justicia", afirmó el ex alcalde de Tirúa.
Dado esto, consideró que la Convención es "responsable ante la historia de Chile de buscar una solución pacífica, institucional, porque los 17 (representantes de escaños reservados) que estamos aquí nos la hemos jugado por ese diálogo, pero no queremos llegar sin respuesta a nuestros territorios".
Posteriormente, su par Rosa Catrileo estimó que de esta manera, "la Convención Constitucional abre el camino, abre la llave a la solución de conflictos históricos; los despojos que hemos sufrido los pueblos originarios, el despojo que ha sufrido el pueblo mapuche, hoy día puede comenzar un camino de solución".
A su juicio, el articulado da cuenta de que "Chile se toma en serio los derechos de los pueblos originarios, y damos las gracias a todos aquellos convencionales que acogieron las demandas históricas con esta norma".
"La celebramos porque hemos apostado por este trabajo dentro de la institucionalidad para dar solución a conflictos históricos (...) La tierra, el territorio y los recursos siempre van a ser el principal logro para los pueblos originarios", cerró.
Dado que el apartado también consigna que "la restitución de tierras constituye un mecanismo preferente de reparación de utilidad pública e interés general", la convencional yagán Lidia González remarcó que "quiero dar la tranquilidad de que no nos queremos adueñar del país ni de los territorios; solamente queremos un derecho que hemos estado esperando por muchísimos años".
A su vez, la ex presidenta de la mesa directiva, Elisa Loncon, afirmó que con esta aprobación "dimos un paso para la paz", al tiempo que reflexionó que "nos conmueve profundamente la situación de violencia que está afectando a nuestros pueblos, y la violencia ha sido producto de la escasez de tierra que nos amenaza con la existencia".
INDEMNIZACIÓN POR BIENES EXPROPIADOS
El hemiciclo también aprobó normas relacionadas con las expropiaciones: el inciso 2 del artículo 20 de este informe, que fue visado con 111 votos a favor, establece que "el propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado".
En la antesala, la convencional Adriana Cancino (Colectivo Socialista) estimó que "la aprobación de los incisos propuestos del Artículo 20 contribuirán a generar seguridad jurídica en un tema tan sensible como el derecho de la propiedad y sus garantías fundamentales".
"Asimismo, contribuirá a despejar fantasmas, como la supuesta expropiación de los fondos de pensiones; un sinsentido tan grande como pretender expropiar fondos a cambio de pago de fondos idénticos al valor, casi tan ridículo como intercambiar un kilo de harina corriente por un kilo de harina corriente", aseveró.
Inmediatamente se sometió a votación el inciso 3, que recibió 109 preferencias y también pasó al texto constitucional; éste detalla que "el pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión del bien expropiado y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley".
REPAROS TÉCNICOS
Sobre este último aspecto, Luis Barceló (Colectivo del Apruebo) advirtió durante la deliberación que "lo que podemos entender por 'modalidad de pago' es una sola cosa: pago a plazo, y en consecuencia, hay una contradicción en la norma constitucional".
Manuel José Ossandón (RN) consideró que la norma final "tiene varios defectos", partiendo porque "establece un 'precio justo' que, el día de mañana se puede regular a través de una ley que podría dejar sin ningún efecto la justicia de dicho precio, podría estar totalmente apartado del valor de mercado".
Para Bernardo Fontaine (Ind-Vamos por Chile), tanto el valor de los bienes como el que se puedan pagar a plazo "son pérdidas netas para los ciudadanos chilenos, que hoy día están protegidos, porque el día en que el Estado les expropie su vivienda, le van a pagar al contado y el valor de mercado, para que puedan comprar otra equivalente".
Además, se agregó un nuevo inciso a este artículo, que sostiene que "cualquiera sea la causa invocada para llevar a cabo la expropiación, siempre deberá estar debidamente fundada".
De esta forma, estos derechos fueron elevados a rango constitucional, evitándose que queden habilitados para disposiciones de ley en el futuro.
CARÁCTER DE DETENCIONES
Por otra parte, el Pleno también visó que ninguna persona puede ser arrestada o detenida si no por orden judicial, salvo que fuera sorprendida en delito flagrante.
Tampoco existirá la detención por deudas, salvo en caso de incumplimiento de deberes alimentarios.
