El Pleno de la Convención Constitucional incorporó al borrador una norma que establece que las policías no serán militarizadas, a la vez que las califica como instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes, artículo planteado en el informe de la segunda propuesta de Sistema Político.
Por otra parte, se rechazó que las policías sean compuestas única y exclusivamente por Carabineros y la PDI, y se visó por amplia mayoría que la formación en dichas instituciones sea gratuita, sin discriminación y con respeto irrestricto a los derechos humanos.
Ricardo Montero (Colectivo Socialista), coordinador de la Comisión de Sistema Político, valoró los avances, dado que "hay cambios estructurales que se tienen que realizar: mayor control civil; mayor transparencia; una formación enfocada en los derechos humanos; otra percepción del orden público, y eso se acerca mucho más a una policía moderna y democrática, que a un formato de trabajo militar".
En contraste, para Ruggero Cozzi (RN) "es un día negro para la seguridad en Chile, porque no sólo se le quita el carácter militar a Carabineros, también se le amarra de manos en el uso legítimo de la fuerza en contra de los delincuentes al omitirse conceptos claves en cualquier Constitución, como el control del orden público y la legítima defensa para poder utilizar sus armas de servicio".
También se determinó que solamente el Estado tenga monopolio del uso de las Fuerzas Armadas, y que por 106 votos a favor, que los estados de excepción constitucional sean sólo los de asamblea, de sitio y de catástrofe, poniendo fin al estado de emergencia.
Por otro lado, el Pleno aprobó que una comisión fije remuneraciones de autoridades electas por votación popular y también de sus funcionarios de confianza, lo que se realizará cada cuatro años, norma que sustituyó el Artículo 11 original de la propuesta, que establecía que las autoridades no podrían tener una remuneración mayor a 10 sueldos mínimos al mes.
Asimismo, se visó que personas condenadas por diversos delitos no puedan optar a cargos de elección popular, como quienes presenten sentencias por violencia intrafamiliar, delitos sexuales o delitos de corrupción.
¿APERTURA O EXCLUSIÓN?
A poco menos de dos meses para que finalice el trabajo de la Convención, y a sólo una semana de que comiencen a sesionar las comisiones de Armonización, Preámbulo y Normas Transitorias, los propios convencionales ya comenzaron a reflexionar sobre el proceso.
Para el comunista Marcos Barraza, lo aprobado hasta ahora por el Pleno "son normas que responden a las expectativas sociales, abordan con claridad las transformaciones en el sistema político, y una vez que se entregue el texto definitivo, creo que se va a aperturar un diálogo bien amplio en la sociedad chilena, donde va a haber mucha claridad respecto de que estas normas le hacen bien al país".
Pero según Hernán Larraín Matte (Evópoli), "para aquellos que vinimos con mucha voluntad de que esto resultara, hay un balance lamentable, triste, y la gente lo está diciendo a través de muchas encuestas".
"No hubo un espíritu de acuerdo, de una visión amplia de incorporar a todos los sectores; aquí hubo exclusión, y lamentablemente ese es el balance principal de esta etapa", manifestó.
