En el marco de su Cuenta Pública, el Presidente Sebastián Piñera anunció hoy los planes de su Gobierno para retirar el polémico decreto supremo N°1086, una norma implementada por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet para controlar las movilizaciones callejeras.
"En las próximas semanas, y fruto de una amplia participación ciudadana, enviaremos un proyecto de ley para reemplazar un decreto de 1983 y garantizar y regular el derecho a la reunión pacífica, permitiendo su libre ejercicio, respetando los derechos de los demás y conforme a los principios y estándares internacionales", indicó el Mandatario durante su último discurso ante el Congreso.
El citado decreto, dictado en el año 1983, señala en su primer artículo que "las personas que deseen reunirse podrán hacerlo pacíficamente, sin permiso previo de la autoridad, siempre que ello sea sin armas".
Sin embargo, en su artículo segundo pone como requisito para las manifestaciones contar con una autorización previa de la autoridad (la intendencia o gobernación), pasando por sobre el derecho que otorga la Constitución en su artículo 19 N° 13 "a la reunión pacífica de las personas sin previo aviso y sin armas".
El DS 1086 otorga amplias facultades además a las autoridades para disolver estas manifestaciones y para negar su autorización.
INDH VALORA: DERECHO A REUNIÓN TIENE QUE SER REGULADO POR LEY Y NO POR DECRETO
En entrevista con Cooperativa, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, valoró el anuncio del Presidente y enfatizó que, como exigen algunos organismos internacionales, el derecho a reunión "tiene que ser regulado por ley" y no mediante un decreto.
"Esto está siendo regulado por un decreto que se dictó durante la dictadura-militar y que le da la potestad a las autoridades políticas para autorizar o no el ejercicio del derecho a reunión. Eso claramente tiene que ser tratado en una ley en la que, además, hay que conciliar distintos derechos, porque estamos hablando también del derecho a expresión, el derecho a la libre circulación", expuso el abogado.
"Nos parece de mayor importancia que se envíe ese proyecto de ley y serán los legisladores quienes van a determinar cuáles son las mejores normas para regularlo", cerró.
"RUIDO" EN LA OPOSICIÓN
En la oposición señalaron que el anunciado proyecto que busca "garantizar y regular el derecho a la reunión pacífica" les genera ruido: "No sé si lo va a plantear en el marco del estado de excepción constitucional o en el marco de normalidad", apuntó el diputado Raúl Soto, jefe de la bancada del PPD, en Cooperativa.
"El derecho a reunión es un derecho que está protegido constitucionalmente por nuestro Estado de Derecho y, si bien puede ser limitado en un contexto de estado de excepción, no puede serlo en un contexto de normalidad", sostuvo el congresista.
"Hay que ver efectivamente en qué se traduce ese anuncio, cómo viene escrito y cuál es la eventual letra chica, pero al menos nos genera ruido este anuncio", agregó.
